Para el secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Aróstegui, no hay duda. Detrás de la resolución dictada por la Delegación del Gobierno y avalada por el TSJA para controlar las manifestaciones de parados hay toda una “gran operación política” que se basa en “trucos y falsedades”. Así lo considera el máximo representante del sindicato que ayer ironizaba sobre el empleo del sonómetro del que hizo uso la Policía Local para controlar los decibelios nada más aplicarse la resolución dictada por Fernández Chacón. Un sonómetro que se pidió prestado a riesgos laborales y que no tiene capacidad de sanción pero que se empleó para efectuar las mediciones ante la falta de los otros dos aparatos, del tipo A-1, que sí pueden emplearse para esta finalidad.
Por cierto que la Policía Local no pudo confirmar todavía la operatividad de dichos aparatos, según indicaron fuentes de la Ciudad Autónoma a preguntas de este medio.
Para Aróstegui no cabe duda alguna de que la resolución avalada por el TSJA se ha fundamentado en informes policiales “basados en mentiras”, ya que, a su juicio, en momento alguno se ha vetado, con las manifestaciones, la entrada de vehículos de emergencias. Para el sindicalista con estas medidas no se ha buscado restaurar el orden público respondiendo a las quejas contenidas en esos informes sino, más bien, “callar la voz de los parados” con “medios inmorales”.
El hecho es que tras la resolución de la Delegación del Gobierno las concentraciones no podrán interrumpir el tráfico rodado ni superar los decibelios marcados por ley. Otra cosa distinta es que, si se superan, pueda existir denuncia con validez penal. Algo imposible de no ponerse en funcionamiento los sonómetros ajustados por norma para estas funciones.
