Han decidido presentar recurso de apelación
El Juzgado de Instrucción número 2 ha archivado la denuncia presentada por el grupo Caballas en relación con las obras de la Gran Vía iniciadas por el equipo de Gobierno a través de una encomienda de gestión a Tragsa. Caballas indicaba que se había podido cometer una infracción penal, concretamente un delito de prevaricación. Como medida cautelar solicitaban la paralización de las obras hasta que existiera un pronunciamiento definitivo por parte del Juzgado. De todas maneras, han decidido presentar un recurso de apelación ante esta decisión del Juzgado. Una noticia que era conocida por los máximos responsables de Caballas a mediodía de ayer y que, desde luego, supone un jarro de agua fría en esta cruzada que habían iniciado contra el equipo de Gobierno sobre esta inversión. En su momento, indicaron que habían comunicado en varias ocasiones todas las irregularidades que entendían se habían cometido y que no les habían dejado otro camino que acudir al Juzgado. Desde Caballas no se esperaba una decisión tan radical por parte del Juzgado y estaban esperando a que les llamaran para ratificarse o no en la denuncia. En su auto, el juez indica que los hechos denunciados no revisten “caracteres de infracción penal”. Manifiesta que “vistos los hechos denunciados y la documentación adjuntada debe concluirse que, por mucho que las proyectadas obras de remodelación de la Avenida Alcalde Sánchez Prados, Plaza Virgen de África, Calle Jáudenes y aledaños de esta ciudad autónoma, pudieran suponer una variación en relación con las previsiones del PGOU y el PERI de la Gran Vía, e incluso que dicha remodelación, por su alcance, no debiera ser abordada mediante un Proyecto de obras ordinarias o de un proyecto de urbanización, de existir tales infracciones, no revisten caracteres de infracción penal”. Ha supuesto un verdadero jarro de agua fría para las previsiones de Caballas Entiende el juez que la determinación de que unas obras de urbanización se desarrollen a través de un Proyecto de Urbanización o Proyecto de obras ordinarias, tiene “consecuencias prácticas en cuestiones tales como el procedimiento y la fuente de financiación”. Sin embargo, advierte que la opción acogida desde la Consejería de Fomento está respaldada, al menos, por informes técnicos, “por más que sea discutible y se pueda sostener la opción contraria, estando abiertos los cauces de interpelación y control previstos legalmente para, si es menester, pueda atacarse la legalidad de la resolución que aquí se denuncia, pero a través de la vía contencioso administrativa en su caso, dado el carácter fragmentario y de última ratio de orden penal”. Por la tarde hubo una reunión del Consejo Político de Caballas, que ya estaba programado de antemano para abordar otros temas de la actualidad y al final hubo una declaración del propio Mohamed Alí, rodeado de todos los integrantes de ese órgano. Sobre esa comunicación indicó que habían decidido presentar el recurso de apelación “al considerar que se trata de una decisión injusta. No van al contencioso porque si pierden pagarían en costas cerca de 300.000 euros Consideramos que defender el interés general pasa por no permitir que se incumplan las leyes y la obra de la Gran Vía incumple el Plan General, el PERI y las normas urbanísticas”. Recordó que Caballas ya había hecho varias advertencias al Gobierno de la Ciudad “y entendemos que esos incumplimientos premeditados del Gobierno sí entran dentro de la esfuera penal”. Por otro lado, quiso igualmente realizar un llamamiento a la población en general para que conociera las razones por las cuales no acuden a la vía contencioso administrativa, tal y como se les recomienda en el autor del Juzgado. “Sucede que si diéramos ese paso concreto nos podrían condenar en costas si perdemos y si hablamos de un pleito de ocho millones de euros, que es el coste de las obras de la Gran Vía, pagaríamos unos trescientos mil euros y esa cantidad es inasumible para un partido como Caballas”. De todas maneras, advirtió de que continuarían luchando en defensa del interés general, “no permitiendo el despilfarro de los fondos públicos y para que Cetua sea una ciudad totaanmente equilibrada”.
Respeto a las decisiones judiciales
Aunque no ha existido un pronunciamiento oficial por parte del equipo de Gobierno en relación con esta decisión judicial, fuentes cercanas al Ejecutivo han señalado a esta redacción que no realizarán, de momento, ninguna manifestación, aparte de mostrar, como siempre lo hacen, el respeto y acatamiento a todas las resoluciones judiciales. De todas formas, también insisten en que se debe ser prudente, porque no se trata de una resolución en firme, ya que todavía cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Hay que recordar que el Gobierno siempre ha defendido que todos los informes técnicos son favorables a las obras y no observan ninguna de las tesis defendidas por el partido de la oposición.