El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha decidido archivar las diligencias abiertas a raíz de la denuncia que la exconsejera de Fomento, Susana Román, presentó contra la titular de hacienda del Ejecutivo local, Kissy Chandiramani, por supuestamente aportar documentos y testificales con falsedades al sumario del 'caso Emvicesa'. El magistrado considera que, si así fue, la exgerente de Emvicesa lo hizo sin dolo, elemento subjetivo imprescindible de los presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio que se investigaban.
Según el auto que decreta el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones, que puede ser recurrido en reforma o apelación, “en el supuesto que nos ocupa cabe concluir que las conductas de la investigada a las que se refiere la denunciante, consistentes en faltar a la verdad en los documentos o en las declaraciones en calidad de testigo, no revisten la gravedad suficiente para poner en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal del delito de falsedad documental, ni por el delito de falso testimonio”.
A juicio del instructor “no existen indicios suficientes que permitan sostener que la investigada faltó deliberadamente a la verdad y que no se trataban de meras erratas o inconcreciones”.
Román cree que, voluntariamente o no, las aportaciones de Chandiramani a la instrucción del 'caso Emvicesa' influyeron de forma determinante en su evolución, que llegará a juicio oral en octubre con más de 50 procesados para los que la Fiscalía pide un total de más de 250 años de prisión. De acuerdo con su denuncia trasladó “datos y documentos”, así como declaraciones, que incurrirían en “evidencias de falsedad de vital importancia”.
Entre otras cosas la exconsejera considera que se identificó de forma “mendaz” a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda (CLV) entre 2011 y 2015, que se atribuyó a dicho órgano una potestad “exclusiva” de adjudicación que no tenía, que se tildó de “imprescindible” hacer una baremación de solicitudes pese a que existían alternativas reguladas y que se obvió la existencia acreditada de compromisos heredados de promociones anteriores.
Chandiramani argumentó en su declaración como investigada que si cometió algún fallo en sus declaraciones o en la aportación de documentos a la macrocausa fueron errores sin más que subsanó u opiniones que no perjudicaron a la propia Román, a Rabea Mohamed o a Mohamed Ali, los procesados en la 'rama política' del 'caso Emvicesa'.
Con el archivo de la causa la Audiencia Provincial ya no tendrá que pronunciarse, a finales de mes, sobre el recurso presentado por la consejera contra su imputación. En él su defensa alegaba que los hechos que se le atribuyen “no son constitutivos de ilícito penal alguno sin necesidad de practicar ningún acto de instrucción”, pues no pasarían en el peor de los casos de imprecisiones sin dolo o valoraciones como testigo que en ningún caso habrían generado daño real o potencial para nadie.
“De la simple contemplación de la denuncia y los documentos de la acompañan, sin mayor necesidad de acto de instrucción o averiguación y con un mínimo análisis de los hechos denunciados”, razonaba.
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