La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha archivado de nuevo la causa abierta hace casi un año tras la presentación de varias denuncias que alertaban de la existencia de una especie de complot en contra del exconsejero de Sanidad, el médico Javier Guerrero, consistente en “coacciones” a niños migrantes solos para denunciarle.
La instructora ya había dado por finiquitadas las diligencias en diciembre. Las reabrió al personarse y solicitar algunas diligencias el propio doctor, encarcelado desde hace 9 meses por presuntos abusos sexuales sobre menores.
Ahora ha vuelto a pronunciarse en el mismo sentido y ya ha desestimado un recurso de reforma contra su última decisión de la acusación, que ahora puede apelar a la Sección VI de la Audiencia Provincial.
Fuentes judiciales han explicado que el sobreseimiento de la causa se basa en que todos los menores interrogados (uno no ha podido ser localizado) han negado haber sido objeto de ningún tipo de presión para señalar a Guerrero en falso. El resto de los testigos son de referencia, es decir, dicen haber oído que otros dicen.
Para el Supremo quienes no declaran sobre el hecho procesalmente relevante, sino sobre la versión del mismo que han escuchado, no tienen por sí mismos “aptitud para destruir la presunción de inocencia”.
Efectivos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hicieron cargo en primera instancia de la instrucción de las declaraciones efectuadas por un trabajador de Cruz Roja, un vigilante de seguridad y una monitora que apuntaron al director del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza, el responsable de SAMU en esas mismas instalaciones de Hadú y un trabajador de la misma fundación como autores de supuestas presiones a niños para difundir comportamientos impropios de Guerrero.
La jueza concluyó que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa”.
El fundador de ‘Ceuta Avanza’ fue quien proclamó el 30 de septiembre rodeado de varios acólitos ante la Jefatura que se iban a presentar esas denuncias y aprovechó para intentar presentarse ante la opinión pública como víctima de una “corruptela” que se asentaría en ofrecer y “prometer” a algunos menores “traslados a la península” a cambio de “que me denuncien”.
El funcionario y el resto de señalados ya han encargado a sus abogados que preparen la adopción de acciones legales contra las personas que formularon las acusaciones en su contra por denuncias falsas, así como contra los instigadores de las mismas, si los hubiera, tras ser señalados con nombres y apellidos como responsables de “movimientos mafiosos e indecentes”.
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