El Gobierno de Aragón ha aprobado interponer un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto del pasado 26 de agosto que establece la capacidad del sistema de protección para menores extranjeros de Ceuta y Canarias en las comunidades autónomas porque sirve al Gobierno de España para hacer un reparto que “conculca la igualdad y la solidaridad”.
Así lo ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde se ha aprobado la interposición del recurso.
El ejecutivo autonómico entiende que este reparto de menores se hace “de forma forzosa, impuesta”, sin tener en cuenta la capacidad real de las comunidades.
El real decreto establece en 441 las plazas de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y que se aprobará anualmente.
Con datos de máximos hechos públicos en julio y teniendo en cuenta los menores que ya acoge, el Gobierno de España calculaba que Aragón debía de recibir 251.
Esta imposición, para Vaquero, “pone en riesgo” el bienestar de los menores y tensa la capacidad de la comunidad para ofrecerles unas “condiciones dignas”.
Desde el Gobierno aragonés apuntan que el decreto ley que establece el reparto de los menores inmigrantes que permanecen en Canarias y Ceuta por la emergencia migratoria “es inconstitucional y conculca todos los consensos que hasta ahora regían en lo relacionado con la atención a estos jóvenes vulnerables, que se acordaban en las conferencias sectoriales”.
El Gobierno de España, según Vaquero, muestra una “absoluta irresponsabilidad” y “se desentiende” sin tener en cuenta “la necesidad de colaboración institucional” y la “necesidad de financiación”.
Además, según ha lamentado la vicepresidenta, Aragón no tiene ningún tipo de información sobre las características de los menores que van a llegar a la comunidad.
La comunidad está evaluando las posibilidades de acogimiento con los datos acerca de su capacidad proporcionados por ayuntamientos, entidades sociales y religiosas, ha agregado.
Finalmente, ha negado la posibilidad de acogerlos en ‘macrocentros’, una solución no válida porque estarían “hacinados” y ha insistido en que los menores, además de un sitio en el que estar, necesitan profesionales que les atiendan.
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