Apropiación indebida

Una característica muy significativa de la vida pública de Ceuta, es la portentosa capacidad de abstracción que tenemos para eludir el debate sobre las cuestiones realmente trascendentes. Las anécdotas más nimias desencadenan encendidas polémicas, mientras que todo lo importante siempre queda orillado. Desde hace algún tiempo, la asociación ecologista Septem Nostra, viene advirtiendo de la imperiosa necesidad de abordar con seriedad el creciente e imparable fenómeno de la superpoblación que se está produciendo en nuestra Ciudad. Sus inteligentes aldabonazos no han tenido el menor eco en ninguna institución. Sin embargo está irresponsable indiferencia no frena la dinámica denunciada. La expansión fluye de manera desordenada, siempre en espera de nuestro “Godot” particular (se recomienda la obra de Samuel Beckett). Se trata, sin duda, de un asunto poliédrico de una gran complejidad; pero esta circunstancia, lejos de disuadirnos, debería servir para estimular la reflexión, el debate y la conclusión.
No resulta sencillo acompasar el ritmo de un fuerte crecimiento demográfico con el mantenimiento de un nivel óptimo de servicios, equipamientos e infraestructuras urbanas; y con una estructura productiva eficiente y suficiente. La inquietante pregunta consiste en saber si disponemos de espacio para albergar una Ciudad racional desde el punto de vista urbanístico, que galopa hacia los cien mil habitantes.
En este contexto, la gestión del suelo adquiere la condición de piedra angular de una estrategia de Ciudad a largo plazo. Precisamente por este motivo, lo que en otro momento se podría considerar una reivindicación sustentada en la lógica y la dignidad, ahora se convierte en una necesidad vital y perentoria. Ceuta tiene que recuperar todo el suelo adscrito al Ministerio de Defensa que se encuentra ocioso.
No existe una posibilidad cierta de desarrollo urbano, social y económico si un treinta y cinco por ciento del ya de por sí escaso suelo disponible se mantiene injustamente secuestrado. Resulta incomprensible que treinta años de democracia no hayan servido para acabar con todas las reminiscencias del régimen franquista. Porque, sin duda, sólo así se puede explicar que el Ejército (a modo de poder independiente), pueda actuar con el suelo como si fuera un promotor inmobiliario privado, especulando y obteniendo pingües beneficios con el patrimonio de los mismos ciudadanos a los que esquilma. Esta prerrogativa, en otros lugares, también supone una afrenta, pero su impacto en la vida ciudadana queda muy reducido; sin embargo, en nuestra Ciudad, por su desmesurada dimensión, se convierte en un escándalo de proporciones formidables.
El suelo público debe estar afectado a un uso concreto informado por el interés general. Ése y no otro es el mandato constitucional. Cuando desaparece el uso que justifica la afectación primigenia, se debe proceder a su reasignación en función de la reformulación del interés general. Carece por completo de sentido que las parcelas que ya no son necesarias para la defensa nacional permanezcan como “propiedad” del Ejército. La apropiación indebida está contemplada como un delito en el código penal.  En este caso, estamos ante una apropiación moral y políticamente indebida.
La devolución gratuita de tan enorme volumen de suelo para destinarlo a usos, dotaciones y equipamientos sociales es una reivindicación justa, legítima y urgente que esta Ciudad no se puede permitir el lujo de postergar por más tiempo. Así lo entendió el Pleno de la Asamblea aprobando por unanimidad la propuesta de Caballas. Pero hemos vuelto a chocar con el muro de la incomprensión que se alza más allá del estrecho cuando Ceuta pretende levantar la cabeza. Como siempre. Toda la manida, empalagosa y cansina sensibilidad del PP hacia nuestra Ciudad, se ha desvanecido súbitamente a toque de corneta.