“Aprobar” o “dar cuenta”, el matiz clave en la Comisión de la Vivienda

La exdiputada autonómica socialista Milagros García ha comparecido este miércoles como testigo en el juicio oral del 'caso Emvicesa' para repasar su asistencia, en 2013, a una reunión de la Comisión Local de la Vivienda, órgano en el que el representante titular del PSOE era José Antonio Carracao.

En aquella cita se iba a “aprobar”, opina una lista de adjudicatarios de las 170 VPO de Loma Colmenar que, según ha dicho, nunca recibió ni vio, por lo que no votó sobre lo que negro sobre blanco iba a ser simplemente “dar cuenta” de la finalización del procedimiento. Sobre ese matiz y su trascendencia gravita parte de la acusación contra los expolíticos en el banquillo (Román, Mohamed y Ali), que sí se pronunciaron a favor.

Según la testifical de la socialista, ella reclamó conocer requisitos, criterios y listas, pero nunca los recibió. “Me limité a asistir, no tenia la información de la que se estaba hablando y la pedí, me dijeron que la remitirían al Grupo Parlamentario y no me llegó... No hubo ninguna discusión”, ha reconstruido lo que le pareció un mero “trámite”.

García ha admitido que para responder a su citación ha “releído” el acta de aquella reunión, pero también ha reconocido no recordar su Orden del Día, en el que de acuerdo con las defensas de Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Ali no figuraba “aprobar” nada, sino literalmente “dar cuenta de la finalización de la adjudicación de las 170 viviendas en régimen de alquiler sitas en Loma Colmenar” a la CLV. Sí ha dicho también que la secretaria del órgano no puso ningún reparo a cómo se desarrolló la reunión.

Por la Sala de la Sección VI de la Audiencia Provincial ha pasado a continuación la exconsejera de Sanidad y de Asuntos Sociales, Adela Nieto, que fue miembro de la Comisión Local de la Vivienda y ha dado por seguro que ese el órgano competente para “aprobar” las relaciones de beneficiarios de VPO.

La actual directora general ha corroborado que el reparto de la promoción de 170 tuvo poco o nada que ver con la de 317: “Explicación razonable de que no hubiese documentación no puedo darle”, ha respondido a la Fiscalía sobre la existencia o no de expedientes de Servicios Sociales para privilegiar a personas por alguna vulnerabilidad, aunque ha acabado aceptando que una trabajadora podría haberle facilitado un listado a la consejera procesada por correo electrónico, como consta en el sumario.