El Gobierno de España publicó este pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado la aprobación de 105 plazas de personal especializado en tecnologías para la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia (DGTDAJ) pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado. Con esta convocatoria, se pretenden cubrir también algunas plazas en Ceuta para suplir las carencias que en varias ocasiones se han denunciado.
El Ministerio de Justicia ha dado un paso decisivo en la modernización de la Administración de Justicia con la creación de 105 nuevas plazas de personal especializado en tecnologías.
Esta iniciativa busca fortalecer la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia (DGTDAJ) con la incorporación de profesionales altamente capacitados en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado.
En concreto, según han informado desde el Ministerio de Justicia, los nuevos profesionales se ubicarán por primera vez en las sedes judiciales de 24 provincias del denominado 'territorio ministerio', que incluye las comunidades de Extremadura, Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En estas sedes prestarán servicios tecnológicos considerados críticos, como es el caso de la asistencia a jueces, fiscales o letrados, durante la celebración de vistas y actos procesales celebrados a través de videoconferencia o medios telemáticos, han informado desde el ministerio.
Este ambicioso plan de refuerzo tecnológico se enmarca dentro de la estrategia de transformación digital que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, con el objetivo de optimizar los procesos, mejorar la eficiencia y acercar la justicia a los ciudadanos.
La incorporación de estos nuevos perfiles especializados permitirá a la DGTDAJ afrontar con mayores garantías los desafíos que plantea la digitalización de la justicia.
Según ha recalcado Justicia, el refuerzo de personal contribuirá a mejorar las prestaciones del servicio público de Justicia, a mejorar la cohesión territorial y favorecerá la conciliación, al facilitar que puedan ejercer sus funciones desde su lugar de residencia, sin necesidad de trasladarse a las ciudades en las que se ubican los servicios centrales de la DGTDAJ.
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