Aprobada una partida para sufragar los enterramientos de los sin recursos

Asuntos Sociales ha reservado una partida de 16.108 euros para atender los servicios funerarios de personas sin recursos, bien inmigrantes que terminan muriendo en Ceuta o bien personas que mueren en condiciones de extrema pobreza y no hay quien pueda pagar su entierro.

Dentro del gasto correspondiente a los años 2019 y 2020 que fueron llevados ayer a Consejo de Gobierno, el área de Sanidad solicitó la aprobación de una partida global de 82.961 euros, de los que una partida de 63.000 es para 2019 y otra de casi 20.000 es para el año posterior.

El Consejo de Gobierno dio el visto bueno a ese gasto que se distribuirá tanto en el abono de servicios funerarios como en el gasto derivado del servicio de lavandería de la residencia de mayores (49.134 euros) como el de peluquería (17.719).

En el caso de la partida de los servicios funerarios, una funeraria de nuestra ciudad se encarga de realizar todos las gestiones y enterramientos relacionados con personas que aparecen muertas sin que les conste familia, aquellas que viven en situación de extrema pobreza con lo que nadie puede abonar los gastos derivados de su entierro o los inmigrantes, la gran mayoría sin identificar, que terminan siendo enterrados en alguno de los cementerios de nuestra ciudad.

Por otro lado, en el Consejo de Gobierno celebrado ayer se aprobó la licencia para instalación de un restaurante de comida rápida y pizzería en el Polígono Virgen de África y se dio el visto bueno a la adenda entre Ministerio y Ciudad para escuelas infantiles, con un valor total de 661.000 euros con cargo a los Presupuestos.

En cuanto a las críticas vertidas por UGT sobre la falta de vigilancia en el registro del Ceuta Center, Hachuel aseguró que en unos días los trabajadores volverán a contar con un vigilante en este lugar, justificando su retirada por la nueva ley de contrataciones. Negó que se hubiera abandonado a su suerte a los trabajadores de esta área y avanzó que en breve volverán a disponer de la vigilancia privada que el propio Gobierno también considera clave y necesaria.