Este jueves se ha reunido para debatir varias mociones la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones en el Senado. Entre las distintas proposiciones parlamentarias, los
senadores populares instaban al Gobierno a que se regularan y modificaran las condiciones de seguridad, prevención y profesionales relativas al buceo profesional. El defensor de la moción ha sido el senador popular por Murcia, Juan María Vázquez, y por unanimidad, tras una transaccional de todos los grupos, ha salido con 29 votos a favor, entre ellos los del
senador ceutí, David Muñoz Arbona. Esta propuesta parlamentaria se debe al crecimiento de los
trabajadores dedicados al buceo profesional ha crecido en los últimos años en sus diferentes modalidades. "Esta es una actividad profesional especialmente peligrosa, como así lo recoge el RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y como constata la alta siniestralidad que la acompaña. Por este motivo, es necesario determinar las condiciones de seguridad en el buceo y ese era el propósito del RD 550/2020, de 2 de junio por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo, que no ha satisfecho ni a buceadores ni a empresarios, quedando éste obsoleto”, ha matizado el defensor de dicha moción, Juan María Vázquez Rojas. Las diferentes asociaciones y agrupaciones de buceadores profesionales, así como los representantes sindicales, han advertido de que se trata de un Real Decreto "claramente insuficiente" y que, además, "no ha recogido ninguna de las reivindicaciones que desde los diferentes colectivos hicieron llegar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en su trámite legislativo, como promotor de la norma". Por este motivo, los senadores populares consideran que “es urgente revisar el RD 550/2020 e incluir y modificar aquellos aspectos que son urgentes, especialmente aquellas deficiencias en el texto que puedan poner en riesgo la integridad de estos profesionales”. Además, han señalado que desde los diferentes colectivos se considera que este texto “retrocede décadas en aspectos relacionados con la seguridad de los buceadores”. Es más, según ha explicado Muñoz Arbona en nota de prensa, se ha llegado a solicitar que se anule la norma y ha generado descontento que la norma proceda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y no del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Este abandono y ausencia de interlocución con el colectivo profesional, también se repite al comparar los coeficientes reductores sobre la jubilación de los trabajadores del mar y donde los buceadores profesionales se encuentran en una situación claramente de injusticia con el resto de los colectivos”, exponía el senador Juan María Sánchez. Por ello, se da la necesidad de revisar el coeficiente reductor de los buceadores profesionales, algo que ha motivado campañas de reivindicación como la campaña '#CoeficientesReductoresYa' al considerar "insuficiente" el que actualmente se aplica a esta actividad "altamente peligrosa".
Propuestas de los senadores populares
Los senadores populares a través de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado instaban al Gobierno de España a: Establecer el censo actualizado de los buceadores profesionales en España. Revisar la lista de enfermedades producidas como consecuencia de la actividad del buceo profesional e incluirlas en el cuadro de enfermedades profesionales. Establecer un coeficiente reductor sobre la jubilación para el buceo profesional adecuado a la actividad que ejercen. Revisar el RD 550/2020 de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo, e incorporar aquellas demandas presentadas por los colectivos de buceadores profesionales, especialmente aquellas que afectan a la seguridad de los buceadores. Esta situación también ocurre con el listado de enfermedades profesionales que afectan diariamente a los buceadores, al tratarse de una profesión que se desarrolla "en una continua exposición al frio, la humedad, cambios de presiones, etc". "Es difícil trasladar ciertas reivindicaciones de este sector tan importante para nuestra economía, al ser frecuente que los buceadores profesionales se incluyan en el sector laboral principal al que se encuentra asociada su actividad. Por este motivo es urgente también establecer un censo de buceadores profesionales y conocer, en detalle, la incidencia de las diferentes acciones", ha expuesto el senador ceutí. "Se estima que existen en toda España unos 5.000 buceadores profesionales, de los cuales unos 2.600 son recreativos, y unos 2.300 se dedican a actividades de acuicultura, trabajadores de empresas, funcionarios del Estado que requieren de esta actividad", reseñó Vázquez. El senador Muñoz Arbona considera que “Ceuta, es una ciudad de mar, dónde los buceadores recreativos y profesionales que desarrollan esta práctica son bastantes". "Tanto los que trabajan para actividades de la autoridad portuaria, actividades y asociaciones profesionales relacionadas con el turismo acuático, reparación de embarcaciones, funcionarios de cuerpos de bomberos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y FAS, etc… Y la actividad es apasionante pero peligrosa. Hace poco han desgraciadamente fallecido realizando esta práctica el cabo Martín Pérez y el Sargento Quirós, y recuerdo el triste fallecimiento hace unos años del querido bombero ceutí, Marcos Navas. Además en nuestra ciudad existen varios organizaciones que practican el buceo como: la Federación de Actividades Subacuáticas; el Club Buceo Deportivo Epta Adelphos, el
CECAM (Centro de estudios y conservación de animales marinos), así como la labor que ha ido desarrollando el Centro Burbujas, 'BuceoCeuta', que nos mostró las bellezas de nuestro litoral en
FITUR 2020 a través de las instantáneas subacuáticas del campeón mundial de fotografía submarina Rafa Hernández, que considera el paisaje marítimo de Ceuta y el entorno litoral cercano como el más bello del mundo”.
Agilizar la gestión del Ingreso Mínimo Vital
En esta Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones también se ha instado al Gobierno de la Nación a que se adopten determinadas medidas para agilizar la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) ya que han sido hasta cinco modificaciones legales y "aún no ha llegado el texto que ha sido como ley al Senado". La defensora de la moción ha sido la senadora Mercedes Fernández en representación del resto de senadores populares de dicha comisión en la que es vocal el senador por Ceuta, David Muñoz Arbona. La puesta en marcha de esta iniciativa fue adelantada, según afirmó en su día el Gobierno, por la crisis consecuencia del Covid-19 y se hizo con carácter de urgencia. Ante la dilatación de dicha medida en el tiempo, la senadora popular ha expuesto en sede parlamentaria que el IMV fue una iniciativa, "un instrumento de cohesión social anunciado por el gobierno del presidente Sánchez y quiero recordar a sus señorías que conto el apoyo del grupo parlamentario popular. Hoy, después de año y medio de su implantación, recuérdese que fue a minales de mayo cuando entró el vigor, aún no llegó a esta cámara, el Senado”.
"Probablemente, consecuencia de esas prisas iniciales en su implantación, se produjo el colapso en la tramitación de las solicitudes al no disponer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de los medios y la coordinación adecuada para asegurar el cumplimiento de los plazos", ha continuado la senadora popular Mercedes Fernández, que ha instado al Gobierno a que se agilice dicho procedimiento ya que "han sucedido numerosas modificaciones se suceden unas tras otras, y los plazos de enmiendas han puesto a la seguridad jurídica en una situación indeseada desde el punto de vista legislativo que debemos propiciar desde el Congreso como desde el Senado”. Por su parte, el senador Muñoz Arbona ha expuesto que se llevaron hasta “tres reformas diferentes en cuatro meses por lo que es suficientemente ilustrativo la dilatación en el tiempo, más aún cuando, deben tenerse en cuenta a las dos cámaras colegisladoras, Congreso de los Diputados y Senado y el fin último es el ciudadano, aunque en Ceuta, el número de beneficiarios ha sido más alto que en otros lugares según las fuentes oficiales". El grupo parlamentario mayoritario en la Cámara, el PSOE, se ha abstenido ante dicha moción. Pero finalmente, la casi de mitad de votos a favor ha hecho que la moción saliera adelante para poder agilizar la normativa de una manera más ágil en todo el territorio español y sea revisada por ambas cámaras.