La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha interpuesto una queja ante la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, debido a “las declaraciones que han realizado algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en diversos comunicados en los que se vincula a las personas migrantes con la expansión de la Covid-19”.
En el escrito presentado el pasado viernes ante la Secretaría de Estado de Seguridad, que también ha sido enviado al Defensor del Pueblo Español, denuncian a propósito de la llegada de personas migrantes desde Canarias la semana pasada, que “según los representantes de un conocido sindicato policial, se trataba de personas migrantes que se estaban trasladando ilegalmente a la Península y que no habían sido sometidas a una prueba PCR”.
Sin embargo, desde la APDHA sostienen que “dicha información -que fue desmentida por varios representantes del Gobierno- supone un acto de xenofobia y racismo institucional al vincular la expansión de la Covid-19 con un colectivo especialmente vulnerable como son las personas migrantes”. A este respecto, recuerdan que en la primera ola, distintas organizaciones internacionales, como la Naciones Unidas o el Consejo de Europa, formularon recomendaciones para prevenir actitudes xenófobas y racistas en relación con la Covid-19.
Advierten que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas alertó que durante la actual pandemia las personas migrantes “pueden ser particularmente vulnerables a actitudes y comportamientos que los estigmatizan y los convierten en chivos expiatorios”. En este mismo sentido, esas mismas organizaciones internacionales han instado a los Estados a que “velen por que el discurso público y la respuesta a la Covid-19 no contribuyan a la xenofobia y la discriminación racial, entre otras cosas, mediante la introducción de medidas para prevenir, vigilar y abordar el estigma y los incidentes de racismo, y para que los responsables rindan cuentas”.
Por todo ello, la APDHA ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad que inicie un expediente disciplinario contra aquellos agentes que han relacionado deliberadamente a las personas migrantes con la propagación de la Covid-19.
Según sostiene la organización andaluza, se trata de una falta muy grave de acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/2010, que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. En ese precepto se establece que “tendrán la consideración de falta muy grave toda actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico”.
En el mismo escrito, también se requiere a la Secretaría de Estado de Seguridad que “se elabore un protocolo o manual de actuación sobre comunicación oficial en el que se recojan los estándares y principios que deben regir la actuación de la Policía Nacional en este ámbito”. Por último, la organización ha registrado un segundo escrito ante el Defensor del Pueblo Español en el que, además de reiterar las peticiones dirigidas al Ministerio del Interior, reclama que se ponga en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos denunciados.
¿Quién paga los billetes de estos pasajeros “atípicos” en vuelos comerciales? ¿Quién los provee de documentación falsa para viajar? ¿Quién les autoriza a saltarse los confinamientos impunemente? ¿Quién controla su movilidad transfronteriza? ¿Qué reacción tienen las instituciones europeas ante estos “vuelos pateras” en el territorio de la Unión?, estas y más preguntas deberían hacerlas quienes tienen tiene la obligación de controlar al gobierno, porque nos las hacemos millones de ciudadanos españoles.