Antonio López seguirá en prisión. Ha superado el año entre rejas y de momento ese será su estado, después de conocerse la resolución que figura en el auto dictado por la magistrada que instruye el ‘caso Emvicesa’, Raquel Lucini. El motivo radica en la “insuficiencia de la fianza hipotecaria” ofrecida por la Defensa del que fuera gerente de Emvicesa.
La Audiencia ofreció la posibilidad de aportar la fianza en metálico o con avales
Los fundamentos que han llevado a este conclusión son claros. Según el artículo 593, la fianza hipotecaria podrá sustituirse por otra en metálico, efectos públicos, o valores y demás muebles de los enumerados en el artículo 591, en la siguiente proporción: “El valor de los bienes de la hipoteca será doble que el del metálico señalado para la fianza, y una cuarta parte más que este el de los efectos o valores al precio de cotización. Si la sustitución se hiciere por cualesquiera otros muebles dados en prenda, deberá ser el valor de éstos doble que el de la fianza constituida en metálico”.
Y ahí está la clave de todo: en la documental presentada por la Defensa de López no se atiende esta máxima. No es algo sorprendente ni que permaneciera oculto a los ojos de cualquier jurista.
En la resolución judicial se concluye que dado que no se cumple con lo estipulado por ley, no se puede dictar auto de puesta en libertad ya que supondría el incumplimiento de la normativa existente en cuanto a fianzas hipotecarias.
Contra el auto cabe la interposición de recurso ante instancia superior, aunque su conocimiento ha vuelto a frenar la esperanza del entorno de López de que este pudiera abandonar la prisión. La Audiencia, en el auto que dictó el pasado 26 de enero, estableció la fianza en 300.000 euros, que, de no pagarse en metálico debe entenderse como el doble si es que está sostenida por avales, por fianzas hipotecarias, tal y como se especifica en la normativa.
La Audiencia indicó en su auto que “si tanta seguridad ofrece de que no va a eludir las consecuencias de este procedimiento penal” no tendría “muchas dificultades” para reunir el afianzamiento carcelario (exento de gastos si se tratara de una garantía real) y cuya cancelación quedaría asegurada con una actitud tan simple como la de permanecer a disposición de los Tribunales hasta la resolución de esta causa”, abriendo así la puerta a la obtención de dinero o avales para afianzar su presencia durante la celebración del juicio.
El que fuera uno de los exresponsables de la Vivienda en el Gobierno terminó su carrera política cuando Vivas lo apartó de la lista en la que se iba a apoyar para las elecciones. Fue su punto y final político al que le siguió el verse inmerso en esta investigación sobre presuntas irregularidades en torno a la compra y venta de viviendas de protección oficial.
Tras la denuncia interpuesta por la propia Ciudad en los juzgados para que se investigara el origen de la famosa lista fantasma, comenzó una investigación policial que derivó en una cadena de detenciones. López, al que se le investiga por encabezar ese presunto entramado, fue detenido en Marbella en febrero del pasado año y sigue privado de libertad a pesar de los continuos recursos presentados.
En prisión permanece también otro de los señalados como presuntos intermediarios, al no poder hacer frente a la fianza de 40.000 euros que dispuso el año pasado la Audiencia.
El número de investigados en este caso supera el medio centenar y no se ha sobreseído la causa respecto de ninguno.
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