Díaz, abandonando el Palacio Autonómico junto a su abogado después de haber mantenido una reunión interna en Presidencia, en la que estuvo Juan Vivas y el máximo responsable de Gobernación.
Pasadas las 8.00 horas, el gerente de Amgevicesa, Antonio Díaz, cumplía con la orden girada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de presentarse junto a su abogado, Carlos García Selva, para declarar en el marco de la operación seguida en torno a una presunta trama sobre el depósito judicial. Allí, en las dependencias de la Unidad Orgánica de PJ, quedó detenido y prestó declaración para, casi tres horas después, abandonar el viejo cuartel de Hadú por una puerta trasera, mientras los medios de comunicación permanecían apostados ante la entrada principal. Hoy tendrá que prestar declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2, que es la que asume esta causa en la que se investigan diversos delitos de prevaricación y malversación, entre otros.
El caso permanece bajo secreto de sumario ahora y antes, durante todo el tiempo que ha permanecido investigando la Benemérita. Díaz quedó ayer libre bajo la advertencia de declarar hoy ante Su Señoría y su detención se añade a las otras tres que fueron practicadas la semana pasada, que se han saldado de momento con el que fuera delegado de la Gerencia Territorial de Justicia entre rejas así como un depositario de vehículos. Mientras, un administrativo de ese mismo depósito quedó en libertad con cargos.
En la operación llevada a cabo por la Guardia Civil se está investigando la presunta existencia de una trama en torno a los vehículos que estaban en el depósito de Benzú, que funcionaba como judicial. El proceso investigador sigue un hilo conductor muy concreto que pasa por saber qué recorrido llevaban los vehículos del depósito una vez desde la Gerencia se comunicaba a Amgevicesa que ya no estaban a disposición del juez; la sociedad municipal era la encargada de ordenar, tras recibir el expediente de la Gerencia, que al ser un residuo sólido urbano se llevara a la planta de un depositario. Es aquí en donde se investiga qué pasaba finalmente con ese vehículo, si terminaba destruido o, por contra, podía caber la existencia de una presunta venta del coche completo o por piezas.
Hay casos que han sido denunciados de personas que cuando quisieron recuperar sus vehículos estos ya no estaban en el depósito, teniendo que ser indemnizados. Con la famosa ‘Operación Marina’ hubo desaparición de cuantiosas piezas de las semirrígidas intervenidas.
En 2012, el depósito de Benzú dejó de funcionar como judicial, después de que la propia Administración de Justicia hubiera advertido en una instrucción de la presentación “de forma sistemática” de facturas por depositarios de vehículos que “con atento de oficio” eran remitidas al gerente para su pago.
Tras la declaración de Díaz ante la Policía Judicial se informó de todo lo ocurrido a quien es su inmediato responsable político, el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel. Horas después, ya de tarde, se organizó una reunión de urgencia en el despacho de Presidencia con la presencia del propio Díaz, su abogado, Hachuel y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. Mientras partidos como PSOE y MDyC habían cursado ya públicamente sus peticiones de cese, Vivas optó por ‘aferrarse’ al secreto de sumario después de escuchar la versión de Díaz y ante el escaso conocimiento sobre la operación en curso que pudiera tener. Así, de momento, la petición de cese de algunos partidos de la oposición (Caballas y Cs no se han posicionado públicamente) queda congelada.
Desde el PSOE, han exigido a Vivas que cese “ipso facto” a Díaz porque “ una persona en libertad con cargos no puede permanecer ni un minuto más en un cargo de confianza”. El PSOE expone que “la presunción de inocencia que defiende nuestra legislación queda garantizada” pero al margen de esto queda “la responsabilidad política”. “Los cargos públicos que sean investigados por casos de presunta corrupción no pueden permanecer ni un segundo más en sus puestos”, añadió la formación. “No es el primer caso que sucede en su partido en esta legislatura”, apostilló.
Por su parte MDyC se sumó a esa petición al considerar que es “incompatible” cualquier cargo público con “el estar investigado/imputado en un proceso en el que se presuponen delitos de corrupción política”.
“Desde nuestra creación hemos exigido la asunción de responsabilidades por los implicados en este tipo de delitos, anteponiendo la presunción de inocencia de los investigados, es necesario separar de inmediato a los cargos de designación directa cuando se les investiga por delitos de corrupción política. Y más aún cuando esos investigados son cargos electos, a quienes hay que exigirles automáticamente el puesto para el que fueron elegidos”, reseñó la formación que encabeza Fatima Hamed.
La acusación a Antonio Díaz por parte de la Guardia Civil se basa en la tramitación de dos expedientes realizados por Amgevicesa para declarar los vehículos depositados en Benzú como residuos sólidos urbanos. Según ha podido conocer esta redacción, era la Gerencia Territorial de Justicia la que enviaba a la sociedad municipal una relación de los automóviles que debían figurar en esa tramitación y Amgevicesa se limitaba a cumplir con lo solicitado. Como paso previo se publicaba en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta para que los interesados se personaran en el expediente.
En el primero de ellos nadie acudió, a partir de entonces fue la propia Gerencia la que se encargó de sacar los automóviles del depósito de Benzú. En la empresa municipal desconocen absolutamente que pasó con estos coches, ya que entendían que su única obligación era la tramitación como residuo sólido urbano porque es una competencia directa de la Ciudad, tal y como ayer explicaron fuentes de toda solvencia a este medio, siendo lo que se trasladó en las manifestaciones ofrecidas.
Los problemas vinieron con el segundo expediente, dado que comenzó la tramitación y se publicó en el BOCCE para que los propietarios se personaran si entendían que continuaban teniendo derechos sobre estas propiedades. Pero en Amgevicesa se dieron cuenta deque uno de esos coches estaba cedido a una unidad operativa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces, se decidió su freno y no se llegó a ejecutar.
Fuentes de la Ciudad han manifestado que cuentan con todo el listado de los automóviles que solicitó la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia para que fueran declarados residuos y que estas pruebas han sido presentadas por la Defensa de Antonio Díaz durante la declaración que realizó en la mañana de ayer ante la Benemérita.
Este periódico ha podido conocer, siempre según fuentes oficiales, que la declaración de vehículos como residuo sólido urbano también fue utilizado en su momento por la propia Ciudad Autónoma para poder retirar automóviles abandonados en la calle.
Es ahora cuando el propio Díaz deberá responder a las preguntas que se le formulen en el juzgado para, después, saber ya el estado en que queda.
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