Antonio Carrillo Alcalá, un ceutí en el Consejo Económico y Social estatal

Antonio Carrillo Alcalá, integrante del Consejo Asesor de Andalucía Inmobiliaria, fue nombrado miembro del Consejo Económico y Social (CES). Tras años sin renovarse, el Consejo de Ministros procedió esta semana a renovar esta institución, fundada en 1991 como un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Antonio Carrillo forma parte del grupo de las 20 vocalías representantes de las organizaciones empresariales. Es ceutí de nacimiento y durante muchos años fue secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, etapa en la que se entablaron lazos importantes entre los empresarios andaluces y ceutíes.

Próximamente tendrá lugar la celebración del Acto de Constitución del pleno en el que tomarán posesión de su cargo los nuevos miembros del CES.

El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Gobierno y el máximo exponente de diálogo social institucionalizado. Supone un ámbito reconocido constitucionalmente de participación democrática de la sociedad civil organizada. Esto conlleva que todas las organizaciones en él representadas cuentan con la legitimidad necesaria derivada de la representatividad que las leyes les otorgan para ser representantes de intereses colectivos.

Diálogo social

El diálogo social desarrollado en el CES presenta unas características que lo diferencian de otros mecanismos similares. El CES es una institución pública configurada exclusivamente para la participación de los agentes sociales junto con la sociedad civil, sin presencia del Gobierno. Esto supone una actividad consultiva mucho más amplia, de carácter transversal, no exclusivamente sectorial como son la mayoría de los órganos de participación. En el CES las organizaciones pueden abordar todas aquellas materias que directa o indirectamente afectan a los ámbitos laborales, sociales y económicos.

La ley establece que el Gobierno debe consultar al CES sobre los anteproyectos de ley que tengan relación con las materias sociolaborales y económicas. La contestación se plasma en el correspondiente dictamen, de naturaleza no vinculante. Además, el CES puede enviar al Gobierno informes de iniciativa propia sobre aquellas materias que considere relevantes en un momento determinado. Y la ley del CES obliga a la presentación al Gobierno de una Memoria anual sobre la situación socioeconómica y laboral de España, por cierto muy prestigiada en determinados ámbitos.

El valor añadido de todos estos trabajos es el consenso. En el caso de los dictámenes a veces no es posible y está prevista la presentación de votos particulares por los Consejeros discrepantes de la posición mayoritaria, pero incluso en estos casos, hasta la fecha siempre se ha trabajado por buscar dictámenes consensuados, lo cual lógicamente no es posible en todas las ocasiones.

Pero los informes y la Memoria siempre se aprueban consensuadamente.

El Consejo, además, desarrolla otras actividades, como la actividad internacional, no contemplada en la norma, pero deducida de su contenido. También concede anualmente un premio de investigación sobre una materia relevante dentro de sus