Los adjudicatarios de Huerta Téllez alzan la voz porque siguen sin poder ocupar sus pisos. El motivo de la polémica es la construcción del vial de acceso
La calle tiene nombre desde abril de 2011. Sin embargo, casi dos años después, no solo no hay acerado, farolas y demás elementos propios de cualquier vial, sino que quien se dé un paseo por allí deberá torear piedras, basura y salvar importantes desniveles. Esa calle, que se denominará ‘Antonio Parrado Gil’, es la misma que, en teoría, debía dar acceso a las viviendas por las que más de cien familias llevan esperando varios años y a las que, ahora que creen finalizadas, no pueden acceder. ¿El motivo? Al no haberse adecentado los accesos correspondientes no se consideran por el momento habitables y no se les concede la correspondiente cédula que les permita entrar a vivir. Ese es el panorama con el que se encuentran los propietarios que, a día de hoy, han comenzado a pagar alguno de los 196 pisos en régimen semiprotegido que componen el edificio ‘Aires del Sur’, más conocido como los pisos de Huerta Téllez.
Noelia Santiago está harta de esperar. Lleva más de un año haciéndolo. El mismo tiempo que el piso de tres habitaciones que le costará en total unos 166.000 euros lleva, según la constructura ‘Vial Inmobiliaria’, finalizado. De esacantidad ya ha pagado 38.000 euros pero, a eso se suman los 600 euros de alquiler que abona todos los meses porque todavía no ha podido acceder a su vivienda. Un año así que, si echamos cuentas, le ha supuesto más de 7.000 euros solo en ese concepto de alquiler. Su futuro piso pertenece a la primera fase. En total ésta engloba 66 inmuebles ya finalizados. La segunda, que se extiende por toda la calle Miguel Arruda (la del IES Clara Campoamor), cuenta con otros 130. Se trata de casi 200 pisos de los cuales se han vendido alrededor del 60%.
Noelia y su pareja no son los únicos perjudicados. Como ellos están muchos otros, en su mayoría jóvenes. Se trata, en todos los casos, de personas que, o bien viven de alquiler (con lo cual están ‘perdiendo’ ese dinero) o continúan residiendo en casa de sus padres u otros familiares ya que para acceder a estos pisos semiprotegidos era requisito indispensable no tener ninguna otra vivienda en propiedad. “Ahora que por fin están terminadas, después de tantos años, no podemos entrar porque no se ponen de acuerdo en quién y cómo adecentar la calle”, cuenta la joven indignada, “llevo un montón de tiempo preguntando a unos y otros y nadie sabe nada”. Para colmo, su último temor es que se metan ‘okupas’. Asegura que el rumor está ahí: “No es nada descabellado, en Sevilla y en otras ciudades esto ya ha pasado. Eso sí, yo lo tengo muy claro, antes de que ocupen mi casa me meto yo”.
La paciencia de algunos otros se agotó hace tiempo. R.V.R., por ejemplo, desistió de la compra de un piso en Huerta Téllez cuando se paralizaron las obras. Ahora tiene “12.000 euros en una burbuja”. Dinero que confía en recuperar, aunque según la versión de ‘Vial’ no podrá ser hasta que la vivienda que a él se le había asignado sea adquirida por otras personas. “Que yo tenga conocimiento, al menos hay diez casos como el mío, todavía confiamos en una solución, pero si con el tiempo no recuperamos el dinero habrá que hacer presión de manera común, claro”, afirma el joven. Tanto tiempo de demora ha hecho cambiar su situación familiar. “Cuando decidí comprar ahí vivía con mis padres, pero en este tiempo he formado una familia y he tenido que buscarme otro sitio donde vivir”, expone.
Son muchas las historias que se entrelazan entre los muros aún inhabitados de Huerta Téllez. La de S.M.M. y su pareja es otra clara muestra. Pareja joven que todavía no puede compartir su vida en común porque siguen a la espera. “Me parece inmoral que jueguen con las personas de esta manera, pues están haciendo un daño irreparable, todos somos personas trabajadoras que lo único que queremos es tener una vivienda digna como avala nuestra Constitución”, se quejan.
A todos ellos les indigna que el que salga perdiendo sea, en todos los casos, el adjudicatario porque “ni te entregan la casa ni te devuelven el dinero”. ¿Arrepentimiento? Sí, para qué negarlo. “Nuestro único deseo es que termine esta pesadilla, que se entreguen las viviendas de una vez y se devuelva el dinero a quienes han desistido de comprarlas”, reconoce S.M.M, “no estamos hablando de uno ni de dos, sino de cientos de personas frustradas, que se callan porque no encuentran una salida y que viven desde hace años inmersos en una situación que no tiene ninguna lógica, que dejen de reírse de nosotros por favor”.
Versión oficial de Fomento
¿Habrá solución a corto o medio plazo? Desde Emvicesa se lanza un mensaje de tranquilidad porque, según expuso a ‘El Faro’ su máximo responsable, Antonio López, la semana pasada él mismo envió a la Gerencia de Urbanismo (GIUCE) dependiente de Fomento el proyecto que contempla la construcción de un vial de tráfico rodado solo para servicios de Emergencias (ambulancias, bomberos...), acerado, canalizaciones de luz y agua... que vendrá a ser la futura calle ‘Antonio Parrado’. López concretó que, si bien es cierto que en un primer momento la intención fue conveniar con la empresa constructora de los edificios esta organización interior, “cuando la empresa entró en concurso de acreedores se decidió paralizar esa obra porque no veíamos claro que el dinero destinado a la misma se fuera a utilizar convenientemente”. Por este motivo se ha decidido que la GIUCE confeccione un pliego de condiciones para que el proyecto pueda salir a concurso y ser licitado. “La intención de la consejera Román es que todo ello se lleve a cabo en el menor tiempo posible”, indicó López. Son más de 600.000 euros los que cuesta y la Ciudad no se quería arriesgar a hacer el vial hasta que construyeran los edificios ya que, como bien es sabido, han sido muchos los imprevistos que han precedido a Huerta Téllez. Una vez se contrate el proyecto el plazo de ejecución máximo será de cuatro meses, si bien este tipo de contrataciones conllevan ciertos plazos legales.
La principal confusión
Los propitarios, indignados ante la falta de información y de que “se tirenl la pelota unos a otros” dan por hecho que la responsabilidad es de La Ciudad, pues la constructora les asegura que ellos son quienes se tienen que hacer cargo de la construcción de la calle pero necesitan la firma de Fomento, que es quien financia esa obra.
Precio de las viviendas, más de 120.000 euros
Se trata de pisos de entre dos y cuatro habitaciones. Además varios de ellos están completamente adaptados para discapacitados. El precio de estas viviendas oscila entre los 123.000 euros y los 166.000 euros. Todos ellos cuentan con, dentro de ese precio, garaje y trastero. Un precio que para muchos de los propietarios resulta excesivo teniendo en cuenta que se trata de pisos en régimen de semiprotegidos y que, según apuntan, están construidos con materiales de calidad pésima.
¿Riesgo de okupas?
Aunque la zona cuenta con seguridad privada contratada durante las 24 horas del día son varios los que temen esta posibilidad, pues en otras ciudades se han dado casos similares.
¿Terminadas al 100%?
Propitarios y trabajadores coinciden en que la primera fase lleva mucho tiempo concluída, si bien a los 130 pisos de la segunda fase les faltan algunos retoques al parecer. El temor de que nunca se lleguen a efectuar también está ahí.
Los pisos de los mil inconvenientes
Tarek, Abdeselam y Hassan han acudido, como cada día, a su puesto de trabajo. Ese en el que llevan varios meses sin cobrar y en el que, según cuentan, no hacen absolutamente nada desde Navidades. Dan vueltas alrededor de las dos fases de pisos de Huerta Téllez a la espera de que se les encomiende alguna labor porque, según aseguran, “los pisos están, por dentro, sin terminar, faltan muchos retoques en el edificio de la segunda fase”.
A ellos la empresa que les contrató, hace más de un año, fue ‘Syscon’. Ente que a su vez está subcontratado por la constructora de los inmuebles ‘Vial Inmobiliaria’. Ya acumulan más de seis meses sin cobrar y, junto al resto de compañeros -“ellos ya no suelen venir porque, total, para qué, si estamos toda la mañana mano sobre mano sin hacer nada”-, optaron por poner su situación en manos de la Justicia tras recibir el asesoramiento de los especialistas de la Unión General de Trabajadores (UGT).
En total, tal y como se recogió en ‘El Faro’ del 21 de febrero, son quince los empleados que interpusieron la denuncia contra la empresa del sector de la construcción ya que, defienden, han realizado en todo momento su trabajo con profesionalidad y, a cambio, no han recibido el salario que les corresponde. La nómina, de media, de cada uno de ellos ronda los 1.000 euros aproximadamente.
Esta cuestión se une a varios años de polémica en torno a la construcción de unos bloques que ha sido paralizada en varias ocasiones y que han sido objetos de diversos impagos y controversias de los cuáles se han hecho eco los medios de comunicación locales. Inconvenientes que, a pesar de estar casi finalizados, continúan sobrevolando el acabado de unos hogares que no terminan de ser entregados.
