El Gobierno de Andalucía pedirá al Parlamento autonómico la autorización para la firma de un convenio de colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta para el traslado de niños y adolescentes inmigrantes no acompañados en situaciones de contingencia migratoria.
El acuerdo que se quiere alcanzar, que tiene que ser avalado por ambas administraciones, se marca como fin la coordinación de las actuaciones entre los gobiernos ceutí y andaluz para la protección de los menores que sean trasladados desde la ciudad autónoma a Andalucía de acuerdo con el Plan de Respuesta aprobado por la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia en octubre de 2022.
La intención del convenio no es otro que implantar un instrumento de cooperación interautonómico que facilite la derivación e integración de los niños y adolescentes inmigrantes no acompañados entre las dos partes de manera ágil y estable en el tiempo, mientras persiste la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta.
Sendas administraciones se comprometen a llevar a cabo todas las actuaciones administrativas para la asunción por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la tutela de estos menores.
Este convenio se financia con fondos estatales que el Gobierno distribuye entre las autonomías afectadas como son las Islas Canarias, Ceuta o Andalucía, es decir, que no supone obligación económica alguna para las arcas de la administración andaluza.
Por su parte, Ceuta sufraga los costes del traslado de los menores de edad y del personal que los custodie desde el dispositivo de partida hasta el centro que indique Andalucía, para cuya financiación el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 contribuirá con 500.000 euros.
Así, la cifra de menores inmigrantes no acompañados que serán acogidos por Andalucía ascenderá a 38, para cuya financiación el Ministerio de Derechos Sociales aportará la cantidad de dos millones de euros.
Los gastos que se costearán con cargo a esta asignación serán los destinados a la atención inmediata y la acogida de estos menores trasladados, así como las acciones de información, orientación, apoyo psicosocial, incluida la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o familiar.
Aquellas autonomías que aportan más de 30 plazas, como ocurre con Andalucía, recibirán 500.000 euros para posibles gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema y gastos estructurales, ya que este acuerdo no está limitado a los 38 menores asignados, sino que comprende traslados posteriores que puedan realizarse.
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