La revista de opinión especializada ‘Carta Tributaria’ acaba de publicar un trabajo titulado ‘Evaluación de las medidas
fiscales sobre el
juego en Ceuta y Melilla y otros aspectos generales sobre el impuesto’ en el que su autor, el inspector de Hacienda del Estado Javier Pérez-Fadón, analiza la doctrina administrativa recogida en contestaciones vinculantes de la Dirección General de Tributos de 2019 y 2020 acotando los requisitos necesarios para considerar que una
operadora de juego en línea está radicada en las ciudades autónomas. El texto también evalúa la medida introducida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 para reducir los tipos del Impuesto sobre Actividades de Juego a los operadores que se trasladen o constituyan en las dos localidades españolas norteafricanas. Igualmente profundiza en el contenido de otras contestaciones de la Administración General del Estado a diversas cuestiones dudosas sobre la fiscalidad del juego, con especial referencia a la base imponible del Impuesto sobre Actividades de Juego. Las 26 empresas radicadas en la ciudad, un 61% procedentes del extranjero, han creado 230 empleos y son el “altavoz” de las ventajas fiscales locales para atraer otras tecnológicas.
Cifras
Fuentes empresariales calculan que, con un sueldo mínimo de 20.000 euros anuales, el conglomerado paga cada mes “medio millón” en nóminas en la ciudad y desembolsa unos 70.000 euros en alquileres de oficinas por toda la zona centro, desde Gran Vía (Suertia) hasta Independencia (Sportium) pasando por el Poblado Marinero, la Plaza de los Reyes (888 se ha instalado en la Casa de los Dragones) o calle Real (Luckia y, pronto, Playtech). El peso de la economía digital en el PIB local todavía está muy lejos del 20-25% que copó el comercio transfronterizo, pero el empleo regular directo que sostiene ya es superior a los menos de 200 trabajadores que mantenían las naves del Tarajal cuando los contó el OAST.