El Partido Popular ha planteado en el Senado la necesidad de que la Administración General del Estado con la participación de más de una docena de ministerios y las dos Ciudades Autónomas aborden de manera conjunta la elaboración de “un diagnóstico global e integral de la situación” de Ceuta y Melilla.
Las conclusiones de ese análisis deberían servir para proponer “medidas que garanticen la sostenibilidad de la vida en ambas ciudades frente a la sucesión de medidas de carácter unilateral implementadas por Marruecos en las fronteras internacionales de las mismas”.
La iniciativa llega justo dos años después del viraje español sobre el Sáhara que supuestamente iba a marcar un antes y un después en las relaciones bilaterales entre España y el Reino alauita que tendría a las ciudades autónomas como algunas de las principales beneficiadas por la implementación de medidas como la reapertura de la aduana comercial de Melilla y la puesta en funcionamiento de la del Tarajal, que nunca ha existido.
El paso sigue sin materializarse y el país vecino no ha aflojado un ápice su negativa a aplicar, por ejemplo, el régimen de viajeros a sus nacionales con compras realizadas en las dos ciudades. La sombra del uso del control de la presión migratoria como herramienta política tampoco se ha diluido.
Mientras Ceuta y Melilla intentan consolidar un nuevo modelo económico alternativo la iniciativa del PP puede ser útil y conveniente si no se pierde como tantas otras en declaraciones bienintencionadas que posteriormente no se traducen en acciones decididas, continuadas y enérgicas como la que se demanda del Estado.