La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que considera “viable jurídicamente” la nueva operación de aumento de capital social que por un montante de 750.000 euros ha planteado el Gobierno de la Ciudad de Ceuta para la sociedad municipal Puerta de África con el fin de garantizar su sostenimiento y el de los empleos que mantiene (casi 50 fijos) hasta que complete su transformación en un medio propio instrumental al servicio de la administración no dedicado exclusivamente a la gestión directa del hotel de la Gran Vía, que se prevé externalizar durante el segundo semestre del ejercicio en curso.
“Dicha operación no entraña una deuda de la sociedad para con la Ciudad Autónoma de Ceuta”, según el dictamen recabado por el Ejecutivo local, que concluye que “la inyección de capital de los socios no se hace en forma de préstamo o crédito, sino de inversión”. “Esto quiere decir”, hilvana, “que de la misma manera que esa inversión puede retornar en un beneficio futuro lo mismo puede desembocar en una pérdida, siendo un riesgo asumido por el inversor, que compensa los pros y contras de su decisión de inversión antes de efectuarla”.
El Gobierno de Vivas considera que es necesario “mantener la actividad hotelera durante el primer semestre de 2022” dentro de un contexto socioeconómico de crisis en un sector que, “a pesar de haber mejorado sus datos, tiene aún una capacidad de generación de ingresos limitada”. El Ejecutivo local prevé “culminar” a partir de junio la transición hacia el nuevo modelo de la mercantil con el objetivo de que subsista “sin destruir empleo”.
La Abogacía del Estado está de acuerdo con los Servicios Jurídicos de la Ciudad “en el sentido de considerar el aumento de capital como una operación de inversión que no comporta una deuda de la sociedad para con sus socios, a diferencia de lo que expone la Intervención”, aunque alerta de que “la realización sucesiva de operaciones de aumento de capital social para garantizar la viabilidad económica de la empresa ante reiteradas pérdidas [el 21 de marzo del año pasado se aprobó una operación de ese tipo por importe de casi 700.000 euros y en 2020, otra por un millón] puede conducir hacia una situación de desequilibrio patrimonial que constituyese causa de disolución legal por reducir su patrimonio neto [3,5 millones al cierre de 2020] a más de la mitad de su cifra de capital social”, que ahora asciende a 4 millones.
En ese marco plantea que “es recomendable” tomar en consideración ambas cifras “para valorar si es conveniente efectuar una operación simultánea de reducción y aumento de capital social, conocida como ‘operación acordeón’, cuya finalidad es cancelar contablemente las pérdidas acumuladas mediante la amortización de participaciones sociales en una operación de reducción de capital social y, al mismo tiempo, efectuar un aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias para cubrir dichas pérdidas”.
Al margen de esa posibilidad, la Abogacía del Estado recuerda que “la utilización de una sociedad mercantil local por parte de las entidades locales está condicionada a que sea una opción sostenible y eficiente”, pero asume que “la situación pandémica presente no permite pronunciarse sobre tales aspectos”.
La situación de desequilibrio económico a que pueden conducir las pérdidas acumuladas de la sociedad [1,3 millones entre 2019 y 2020] podrían llevar a incumplir de manera sobrevenida la condición de rentabilidad exigida si esas pérdidas dejasen de ser coyunturales (asociadas a la situación actual de crisis económica y cierre de fronteras ocasionada por la pandemia del Covid-19) y se convirtiesen en estructurales”.
La Intervención de la Ciudad lleva tiempo advirtiendo de que tanto los anticipos como las ampliaciones de capital promovidos por la administración local en favor de la sociedad municipal “no constituye una solución a la muy delicada situación del hotel, que, al efecto directo de la pandemia une el cierre de la frontera con Marruecos, circunstancias ambas que dificultan sobremanera conseguir unos niveles aceptables de ocupación que permitan superar la crisis presente”. Hace ahora un año ese departamento cifró en casi 1,5 millones de euros la cantidad que adeudaría la empresa a la Ciudad, criterio del que la Abogacía discrepa.
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