La Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado una nueva prórroga que amplía el encargo a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec) para continuar prestando asistencia técnica de apoyo en la gestión de la Oficina para el Cambio Climático y la Rehabilitación Energética.
La decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE), fue formalizada mediante decreto por el consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez Hurtado, y garantiza la prestación del servicio desde el 5 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.
El nuevo acuerdo contempla un presupuesto máximo de 561.832,53 euros, que se financiará con cargo a la partida presupuestaria 'Contratos Mantenimiento Servicios Básicos' del Presupuesto de la Ciudad para 2025. El pago se efectuará mediante facturas mensuales, que deberán ser validadas por la dirección facultativa del encargo en función de los servicios efectivamente ejecutados.
La Oficina para el Cambio Climático y la Rehabilitación Energética desempeña un papel central en la coordinación y seguimiento de iniciativas medioambientales y de eficiencia energética en Ceuta.
Entre sus funciones figuran el impulso de proyectos vinculados a la transición ecológica, la captación de financiación a través de fondos europeos como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y el asesoramiento a otras áreas de la administración local para cumplir objetivos de sostenibilidad.
Según el expediente, la continuidad del servicio es esencial para que los proyectos en marcha –muchos de ellos con financiación europea y estatal– no sufran interrupciones que comprometan plazos o subvenciones ya concedidas.
El servicio fue adjudicado inicialmente en junio de 2024 a Tragsatec, una empresa pública especializada en servicios medioambientales y agrarios que actúa como medio propio de las administraciones. El contrato entró en vigor el 4 de julio de 2024 con un plazo de ejecución de nueve meses, hasta abril de 2025. Posteriormente, en abril de 2025, se aprobó una primera prórroga hasta el 4 de agosto de 2025 sin coste adicional, gracias al remanente presupuestario del encargo inicial.
Esta nueva prórroga, que se extiende hasta el 30 de junio de 2026, se enmarca en la posibilidad contemplada en la cláusula octava del documento original, que autoriza prolongaciones de hasta un máximo de 36 meses, siempre que exista financiación disponible.
En lo que respecta al Bloque 1 de materias recogidas en el anexo del encargo, la prórroga conlleva un incremento del presupuesto aprobado inicialmente, aunque no introduce cambios sustanciales en las prestaciones ni en los perfiles técnicos. En el Bloque 2, también se prolonga el servicio para cubrir las necesidades de la Dirección General de Planificación de Inversiones y Servicios Urbanos.
Tragsatec deberá designar un coordinador técnico que forme parte de su plantilla y asuma todos los costes derivados de su personal, el cual no desempeñará funciones públicas ni ejercerá potestades administrativas.
El encargo podrá finalizar de forma anticipada por razones de interés público, mediante resolución del consejero competente, sin perjuicio de la culminación de los trabajos que ya estuvieran en ejecución.
La resolución recoge que la decisión se ajusta a la normativa vigente en materia de encomiendas de gestión, y que su ejecución será supervisada para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Entre la documentación que acompaña al expediente se incluyen las actas del Consejo de Gobierno que regulan el procedimiento de encomiendas con Tragsa y sus filiales, la aceptación expresa de Tragsatec, los informes justificativos de las direcciones generales implicadas, la memoria técnica y económica, y el informe jurídico que respalda la prórroga.
Además, la medida será comunicada al Tribunal de Cuentas y publicada tanto en el BOCCE como en la web institucional de la Ciudad, cumpliendo así con la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El decreto deja abierta la puerta a futuras prórrogas, siempre que el presupuesto lo permita y persistan las necesidades que justifican el encargo. En cualquier caso, el límite máximo de duración sigue siendo de tres años desde su inicio.
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta en un plazo de dos meses.
Con esta prórroga, Ceuta asegura la continuidad de un servicio estratégico para avanzar en la lucha contra el cambio climático, mejorar la eficiencia energética y aprovechar las oportunidades que brindan los fondos europeos y estatales destinados a la transición ecológica.
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