Según Tribunal Constitucional y Tribunal Justicia Unión Europea, tienen previsto abordar durante 2025 las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles sobre la aplicación de la ley de amnistía española en casos de terrorismo y malversación relacionados con el “procés”, provenientes del Tribunal Supremo; Justicia de Cataluña; Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas
Tal fecha conllevaría una adición de plazos de suspensión subsiguiente y de revisión en los procedimientos entablados, como consecuencia de posibles recursos por las partes. y, ello, retrasaría la decisión final sobre los beneficiados potenciales.
El hecho de que ambos, (Tribunal Constitucional como Tribunal de Justicia de la Unión Europea) analicen la Ley de Amnistía, implica que esta norma, lejos de ser una solución definitiva, se encuentra generando tensiones jurídicas y políticas significativas, junto a incertidumbres, como por ejemplo, el caso 792/22 (UE) donde su Tribunal concluyó que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden abstenerse de aplicar resoluciones de su Tribunal Constitucional, si éstas son contrarias al Derecho de la Unión.
Repasemos algunas circunstancias que circundan al Tema:
Efectos en el Gobierno y la Gobernabilidad. Sus efectos actuales han significado, por un lado, su elaboración y negociación en periodos convulsos, claramente vinculados con claves destinadas a mantener alianzas y soportes con partidos independentistas a fin de mantenerse en el poder a cambio de votos, por lo que su dimensión jurídica es compleja.
Por otro lado, tenemos que el T.J.U.E como hemos indicado, intenta averiguar con profundidad que dicha Amnistía pueda tener tiene implicaciones que pudiesen entrar en conflicto con el derecho europeo, especialmente en temas básicos para Occidente como la protección de las víctimas, los principios de justicia y la lucha contra la impunidad.
Igualmente, asumir el protagonismo del Constitucional y su independencia, son puntos harto delicados, dados los recientes nombramientos de Magistrados y la posible percepción pública sobre un hecho que se encuentra al cabo de la calle: la politización de la Justicia.
No obstante, según El País, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido como máxima prioridad resolver las impugnaciones presentadas contra la ley de amnistía, asumiendo
Cualquier decisión podría ser interpretada, dependiendo del veredicto, como fallo adverso, bien del TJUE o del Constitucional, pudiendo generar inestabilidad política para el Gobierno de España, asumiendo de antemano que las intervenciones del TJUE y del Constitucional no solo determinarán el futuro de esta ley, sino que podría redefinir las dinámicas entre España y la Unión Europea en temas de justicia y derechos fundamentales, constituyendo la resolución, cualquiera que sea, una prueba crucial para la capacidad de España de equilibrar sus necesidades políticas internas con sus compromisos legales europeos.
El posible impedimento de la Amnistía y la cooperación judicial europea. Bien es sabido que uno de los “nudos gordianos” existentes, se refiere al supuesto de una posible colisión jurídica entre la Ley de Amnistía promulgada por España, que calificaba unos supuestos como delitos, pero que, sin embargo, eran objeto de cooperación judicial con otros Estados Miembros, considerando un obstáculo la misma.
Conclusión. Se puede llegar a considerar que el Derecho de la U.E es un “Derecho vivo” y consecuentemente, susceptible de proteger los derechos fundamentales y principios de legalidad en los Estados Miembros.
En nuestra opinión, no existe ningún obstáculo, para que continúen respetándose los valores de le U.E.
¿Medos?, ejercer la protección líneas arriba citada, y por otro, enmarcar la necesidad de una simbiosis o interdependencia de una cooperación efectiva junto a una confianza mutua, respetándose los valores de la Unión en su constante evolución mediante el papel activo que sustenta la Comunidad Europea.
