El congresista Jon Iñarritu, diputado de Amaiur integrado en el Grupo Mixto de la Cámara Baja, ha registrado dos preguntas dirigidas al Gobierno de la Nación que preside Mariano Rajoy para las que solicita respuesta por escrito sobre la situación de los jóvenes en edad de escolarización obligatoria a los que la Administración no admite en colegios ni institutos de las ciudades autónomas por carecer de certificado de empadronamiento.
Iñarritu explica en el argumentario de su iniciativa parlamentaria que según ha denunciado la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (DIGMUN) de Ceuta, con cuyos responsables contactó directamente, en la ciudad existen actualmente “al menos 40 niños y niñas que no están escolarizados pese a que residen con sus familias en Ceuta”. “Al no tener empadronamiento esos menores, a pesar de que muchas de las familias sí cuentan con ese documento, se imposibilita su escolarización, violando un derecho fundamental”, refiere el político vasco.
Ante ese panorama, Iñarritu, que la primavera pasada visitó Ceuta para conocer de primera mano el perímetro fronterizo, pregunta a la Administración si el Ministerio de Educación “tiene conocimiento de este hecho” y si tiene “intención de solucionar el problema para que esos menores no se queden marginados y excluidos”. Además, reclama que se detalle el número exacto de niños que no son admitidos en los centros educativos tanto de Ceuta como de Melilla, donde según apunta en otra pregunta hay “al menos” otros 40 menores en la misma situación.
Caballas denunció anteayer en el Pleno que, además de los mencionados, 77 de los 114 jóvenes residentes en el Centro de Menores ‘La Esperanza’ tampoco están escolarizados actualmente.
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea se negó a “exigir” al Ministerio que admita a estos niños en la educación reglada “como estipula la Constitución y la legislación vigente” pero el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se comprometió a impulsar desde la Consejería de Presidencia un proceso de revisión de la residencia acreditada de esos niños y sus menores en la ciudad con el fin de desbloquear la negativa a su empadronamiento y, así, hacer viable su matriculación en los centros educativos, donde se la impide la Dirección Provincial.
