El Juzgado de instrucción número 5 de Ceuta emite su dictamen. Dos altos directivos de Ingesa “pudieron cometer” un presunto delito de prevaricación administrativa, al que se une otro posible de acoso hacia el exjefe del servicio de Oftalmología. Es la conclusión final del juez a cargo de la revisión del caso tras la reapertura de las diligencias por parte de la Audiencia Provincial el pasado mes de octubre, un procedimiento con el que se retomó la causa tras su sobreseimiento.
El auto judicial, al que ha accedido El Faro, da pie a la apertura de un juicio oral, ante el que las partes implicadas podrán presentar un recurso de reforma o de apelación. A su vez, una vez comunicada esta decisión, tanto la Fiscalía como la Acusación Particular deberán presentar por escrito sus conclusiones en relación a los sucesos expuestos.
A la denuncia inicial por supuesta prevaricación administrativa en el proceso selectivo para proveer un puesto al frente del área especializada, se suma otra más de acoso interpuesta con posterioridad. Esta se ha constituido como una ampliación que ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial. La parte denunciante en esta segunda ocasión señaló, según su versión, la incoación de expedientes junto a agresiones verbales y discriminación por la afiliación del especialista en un sindicato.
El exjefe del servicio de Oftalmología, que ocupó dicho cargo durante 18 años, indicó en su denuncia que el procedimiento impulsado por Ingesa para cubrir su puesto estuvo marcado por irregularidades, entre ellas, que este no fue publicado en lugares similares a otras anteriores, que no se usó un baremo adecuado y que se llegó a utilizar Whatsapp como canal para las convocatorias.
Los sucesos señalados por el denunciante fueron tratados de forma interna, pero, finalmente, decidió acudir a la justicia. La primera respuesta fue un sobreseimiento y, tras ello, se presentó un recurso ante la resolución del tribunal en el que se alegó “falta de motivación” y “dimisión de diligencias de investigación”.
La Audiencia Provincial confirmó en la orden de reabrir esta investigación al considerar que “existen indicios suficientes” y que ello “justifica la continuación”.
El pasado año el especialista, actualmente prejubilado, puso una denuncia ante la dirección de la institución en la que se recogía que había sido objeto de una marginación por formar parte de un sindicato y en la que expuso sus razones para llegar a esta conclusión. A esta alegación se añadieron otros comportamientos que fueron mostrados como constitutivos de una desacreditación ante otros empleados.
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