La lucha contra el narcotráfico en las costas españolas ha dejado de ser una labor policial normal para convertirse en una guerra, donde los guardias civiles cuentan con menos medios técnicos y materiales que los narcotraficantes.

En esta lucha desigual, los guardias civiles no solo se enfrentan a la violencia extrema de estas organizaciones criminales, tienen que luchar con menos recursos y una legislación que juega a favor de estas organizaciones, porque se permite que estos delincuentes puedan pasearse por nuestras aguas con la tranquilidad absoluta. Su único miedo es que las embarcaciones de la Guardia Civil puedan abordarles.

Las muertes de nuestros compañeros en acto de servicio no son meras estadísticas; son recordatorios brutales de la disparidad de fuerzas.

Mientras los clanes del narcotráfico operan con narcolanchas de última generación y motores de gran potencia, los guardias tienen que hacerles frente con patrulleras envejecidas o embarcaciones neumáticas menores, incluso con embarcaciones intervenidas a estas organizaciones. Esto que digo no es pura demagogia barata, porque tiene fácil comprobación dándose una vuelta por cualquier unidad del Servicio Marítimo. Una vergüenza que no sólo afecta a este Gobierno, sucedía lo mismo con los gobiernos del Partido Popular.

El asesinato en Barbate de dos guardias civiles al ser embestidos por una narcolancha, puso de manifiesto que los criminales han perdido el miedo a la autoridad y que las organizaciones criminales no están dispuestas a parar cuando son perseguidas por las embarcaciones de la Guardia Civil y, por supuesto, que la vida de un guardia civil no representa para ellos ningún obstáculo.

Las Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles llevan años reclamando una reforma legislativa donde traficar con drogas y enfrentarse a las Fuerzas de Seguridad del Estado no sea rentable. Leyes donde la voz de alto de la Guardia Civil sea respetada y el miedo cambie de bando. No se trata de despreciar la vida de nadie, pero sí que las penas privativas de libertad y el miedo a perder el dinero conseguido ilícitamente formen parte de este juego, porque hasta ahora, existe la percepción de que entrar en prisión es, para muchos peones del narco, un "gasto de explotación" asumible. Las leyes actuales a menudo permiten que los cabecillas sigan operando desde la sombra o salgan en libertad bajo fianza con rapidez.

Pedir penas más duras y la pérdida total del patrimonio para los narcos y, muy especialmente, para los guardias civiles y policías que traicionan a sus compañeros y a la sociedad poniéndose al servicio de estas organizaciones dando soplos, comprando silencios, cuadrantes o cualquier otra información, no debería partir de las asociaciones de guardias civiles, debería partir de los propios políticos que no paran de enarbolar la bandera de la Guardia Civil y son incapaces de sentarse a legislar para que ser narcotraficante no sea tan rentable en este país.

Los políticos de este país no pueden permitirse mirar hacia otro lado mientras guardias civiles y policías son arrollados literalmente. La lucha contra el narcotráfico requiere un compromiso real que no se quede en ir a despedir a los guardias civiles o dar las condolencias en las redes sociales. Necesitamos leyes, acabar con las dilaciones indebidas que premian una y otra vez a estos delincuentes. Necesitamos jueces, fiscales, medios técnicos y más policías y guardias civiles para defender a nuestros hijos, a nuestra sociedad de esta lacra que ataca a la democracia.