Vivas no iba de farol en campaña. El Gobierno de la Ciudad quiere “realizar una gestión municipal para la prestación del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos enfocada a conseguir mayores niveles de eficiencia y calidad para satisfacción de la ciudadanía de Ceuta”.
A tal efecto va a someter a la consideración del Pleno crear una comisión política y técnica que valore si la municipalización es o no la mejor fórmula a la vista de los déficits que acumula su actual prestación, en la que se intuyen sobrecostes; falta de control de personal al servicio de Trace y un Convenio Colectivo desbocado; ausencia de criterios técnicos, organizativos y de control de calidad...
Esas y otras causas son las que justifican, a ojos del Ejecutivo local, plantearse un cambio radical de modelo de gestión que permita maximizar el rendimiento que se extrae de los 40 millones que la administración invierte cada año en limpieza y mantenimiento urbano con unos mil trabajadores dedicados a través de Trace, Tragsa, Obimace, Brigadas Verdes, Planes de Empleo...
Los técnicos de la Ciudad aprecian que a fecha de hoy existe “un elevado coste de la prestación [Trace recibirá unos 26 millones de euros este año]” que no solo se deriva de “los precios de mercado actualmente aplicables y las subidas impositivas”, sino también “por las tareas a realizar (de carácter manual y elevada mano de obra) y la maquinaria necesaria, que ha agotado su vida útil y debe ser renovada al completo”. Ello ha llevado a la Ciudad a poner medios complementarios “generando un desembolso adicional al establecido en el contrato”.
Además, se han efectuado modificaciones del Plan de Servicios “para atender situaciones extraordinarias” que no han encontrado cobertura en los contratos y condiciones de trabajo del personal, que se ha favorecido de mejoras en su Convenio Colectivo durante los últimos diez años que han conllevado “un incremento en el coste del personal afecto”, actualmente “la principal partida presupuestaria de la prestación”.
Además, “se ha detectado un alto índice de absentismo en la empresa” que ronda el 16% y para el que no existen límites en los Pliegos con los que Trace se hizo con la adjudicación en 2013, “lo que provoca un detrimento del servicio y un incremento importante de los costes del mismo”.
A todo eso se suma “el incremento del coste de mantenimiento de los bienes afectos al servicio y otros necesarios para su prestación (combustibles entre otros) así como el costo y/o gastos de inversión y financieros”.
La Ciudad ya ha decidido asumir dos de las tres patas de la explotación de servicio: la compra de maquinaria y la construcción de instalaciones en el puerto que sirvan de base de limpieza con el propósito de eliminar costes de alquileres y suprimir ineficiencias como los traslados diarios hasta Benzú.
El Gobierno de Ceuta también considera constatado que actualmente “faltan criterios técnicos, organizativos y de control de calidad para la correcta ejecución del servicio”.
La limpieza pública viaria y la recogida de residuos son competencias propias del municipio que debe ejercer en los términos de la legislación del Estado y que, además, en el caso de la Ciudad de Ceuta, es “un servicio que tiene el carácter de obligatorio”.
El Pleno de la Asamblea es el órgano competente para “aprobar la determinación de la forma de gestión y las normas básicas de organización y funcionamiento”.
La ley de Bases de Régimen Local establece que los servicios públicos de competencia local deben gestionarse “de la forma más sostenible y eficiente”.
En caso de inclinarse por hacerlo directamente, como en 2022 se acordó con los autobuses urbanos, se puede optar por hacerlo directamente o a través de un organismo autónomo, una entidad pública empresarial o una sociedad municipal cuyo capital social sea de titularidad pública.
Las dos últimas alternativas están reservadas para cuando queda acreditado que resultan “más sostenibles y eficientes” que las anteriores en términos de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.
La gestión indirecta se puede canalizar a través de las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios.
La Administración General del Estado tiene la potestad de impugnar los actos y acuerdos que se adopten si entiende que “incumplen la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
El Gobierno de Vivas va a proponer a la Corporación crear una Comisión de estudio que tenga por objeto “el análisis y estudio de la forma de gestión más sostenible y eficiente del servicio público de limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos”. Su cometido, como ya sucedió hace casi un año con el de transporte público colectivo en autobuses urbanos, será “elaborar la memoria justificativa que sirva de soporte a la correspondiente resolución del Pleno”.
Sus integrantes, según la propuesta del Ejecutivo, serían el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, en calidad de presidente. Además, la oficial mayor de la Ciudad, María Dolores Pastilla, ejercería como secretaria y cada grupo político con representación en la Cámara regional aportará un vocal.
El órgano se completará con cuatro técnicos: la directora general de Medio Ambiente, Cristina Zafra; el gerente de Acemsa, Juan Manuel Sánchez; un técnico de Administración General adscrito a la Consejería de Hacienda y un economista de la Intervención. La Comisión podrá, durante tres meses, recabar “el asesoramiento externo que estime pertinente” para terminar su trabajo, aunque ese plazo también podrá ser reducido o ampliado.
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