El Gobierno de la Ciudad está haciendo una apuesta fuerte por mejorar el servicio de transporte público colectivo con la renovación de su flota con vehículos eléctricos o híbridos y la ampliación de las rutas existentes que debería contribuir de manera directa a la reducción del uso del coche privado.
En paralelo, la administración debe seguir avanzando en la promoción de otras formas de movilidad menos contaminantes como la bicicleta o caminar.
En ese contexto el Ejecutivo local debe concretar también las características que tendrá la Zona de Bajas Emisiones que la legislación vigente exige en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes.
El boceto incluido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) planteaba un área de 0,7 kilómetros cuadrados que abarcaba todo el casco histórico comprendido entre Puertas del Campo y San Amaro para permitir solamente por las vías que la perimetran el trasiego de cualquier automóvil, restringiendo el acceso a su interior a los más contaminantes.
El consejero de Fomento abrió ayer la puerta a imponer medidas menos coercitivas, tal y como están barajando hacer también otros ayuntamientos, siempre y cuando sea posible cumplir los estándares de contaminación nacionales y europeos exigidos.
La adopción de políticas contra el uso indiscriminado del coche privado nunca son del gusto de todos, como se vio desde la peatonalización del primer tramo del paseo del Revellín, pero la Ciudad no debe renunciar a su implementación con un adecuado encaje de medidas restrictivas en favor de la sostenibilidad y la limitación de la contaminación ambiental que tiene en los motores de combustión una de sus principales fuentes sin estrangular las posibilidades de desplazamiento de parte de la población, que debe tener alternativas reales y asequibles para moverse de otra forma.
