El
PP de Ceuta tendrá la próxima semana, en la Sesión Plenaria resolutiva de enero, la oportunidad de alinearse con sus compañeros de Murcia o con los de Madrid, Galicia o Castilla y León, que a diferencia de los primeros han asegurado no tener la menor intención de respaldar la introducción de un “pin” o veto parental en su legislación educativa para permitir a las familias rechazar la participación del alumnado en determinadas actividades complementarias organizadas en sus centros escolares.
En el caso de la ciudad autónoma la Asamblea ni siquiera tiene competencias para planteárselo, pero aún así
Vox va a llevar a la Cámara autonómica una iniciativa para “instar al Gobierno de España la instauración del ‘pin parental’ en los centros educativos, con lo que estos estarían obligados a pedir permiso para la participación de un estudiante en “cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos”.
El portavoz de
Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, lamentó ayer en declaraciones a este periódico que la Mesa Rectora admitiese incluir la propuesta ya en el Orden del Día del
Pleno de diciembre, en el que no dio tiempo a discutirla, “sin solicitar un informe jurídico que aclare si es legal o no, como dice el Ministerio, tal planteamiento y así evitarnos el ridículo de, si el PP la secunda, solicitar a la Administración General del Estado que contravenga la normativa vigente”. “La Asamblea de Ceuta no debería debatir ilegalidades aunque sean declaraciones de intenciones”, ha opinado el líder de la coalición, que “insistirá” en que se emita dicho dictamen.
Eso solo en lo tocante a las formas, pues sobre el fondo Ali tiene claro que la idea “atenta contra los principios constitucionales que tanto dice defender la derecha sobre el derecho a la Educación integral y en igualdad”.
El presidente de la FAMPA de Ceuta, Mustafa Mohamed, aseguró ayer que el colectivo de familias “nunca” ha tenido conocimiento de “queja o denuncia alguna” por el contenido de las actividades complementarias, obligatorias y evaluables, que se ofrecen en los colegios e IES de Ceuta y que requieren de autorización previa del Ministerio cuando los responsables de impartirlas son agentes ajenos a los centros, “ya sea la Policía, Hacienda o una asociación”.
La FAMPA se alinea “con lo que dice la ley, con la libertad de cátedra y con la autonomía de los centros” y el Ministerio de Educación, a través de su director provincial, Javier Martínez, lo tiene todavía más claro: “La Asamblea se puede ahorrar el debate porque no vamos a implantar nada ni remotamente parecido”, advierte.