Caballas señala que el registrador no ha querido inscribir esta parcela, de momento, como propiedad de la Ciudad Autónoma
El grupo Caballas ha denunciado que el Gobierno de la Ciudad ha comprado parte del terreno de la Plaza Nicaragua, en la subasta que tuvo lugar hace un par de meses, cuando unos mil metros cuadrados ya eran de su propiedad. Es decir, que el anterior propietario de esta zona ya se lo había cedido en su día al Ayuntamiento en compensación por algún acuerdo que tenían entre las dos partes. Lo que no entiende el coordinador general de Caballas, Mohamed Alí, es que el Gobierno haya pagado por un suelo que en parte era de su propiedad y encima no haya descontado esa cantidad del precio final.
Siguiendo igualmente con la situación de la Plaza Nicaragua, desde luego, el grupo de la oposición ha tenido noticias de que el registrador de la Propiedad se ha negado a inscribir este solar a nombre de la Ciudad Autónoma al entender que no le han enviado suficiente documentación para que sea estudiada por el Registro. Es más, desde su punto de vista, no se tenía que haberse realizado una subasta, sino que se debería haberse llevado a cabo un concurso con su correspondiente licitación.
Todo ello, ha sido expresado por el propio registrador en un informe, donde además llama la atención que, desde su punto de visa, no entiende las razones por las cuales el Ayuntamiento decidió acudir a una subasta para quedarse con los terrenos por un coste cercano a los 3 millones de euros, cuando según su opinión, lo podía haber adquirido directamente por el débito que el antiguo propietario tenía con el organismo autónomo Servicios Tributarios.
Con todo ello en la mano, Mohamed Alí ha indicado que pedirán las correspondientes explicaciones al Gobierno para que se depuren responsabilidades políticas, debido a que según su opinión, se han regalado dos millones de euros de todos los ceutíes, porque el mismo registrador reconoce que se podía haber adquirido por la deuda tributaria.
La subasta tuvo lugar en el mes de noviembre y la Ciudad se convirtió en propietaria después de presentar la única oferta en la subasta de las dos parcelas propiedad de la empresa Vista Mirador de Dueñas, embargadas por una deuda de 800.000 euros con el Organismo Autónomo Servicios Tributarios (OAST). El Gobierno, representado en la subasta por el interventor, José Luis Pérez Caminero, presentó una oferta de 1,8 millones, ajustándose al precio de licitación en segunda convocatoria, después de que en primera instancia, con un precio de salida de 2,4 millones, no se presentara ninguna oferta.