El avance de telepredicadores y bolivarianos muy del gusto de una izquierda que perdió el norte hace mucho tiempo, ponía en evidencia la necesidad de un elemento de cordura, algún tipo de contención que diera algo de sentido al distante Olimpo de la política.
Pese a los bastardos intereses de cierto, definido y caracterizado espectro político, la esperanza de los ciudadanos no está en la agitación social ni en el fanatismo perseguidor de fantasmas mentales del siglo pasado. La certidumbre de los ciudadanos se mueve por aguas más tranquilas que les permitan volver a tener un trabajo y poder pagar sus hipotecas; y eso solo se consigue con sensatez, con un gobierno que sepa ejecutar una legislación a la altura de las circunstancias, y pese a que los populares de Génova 13 parecían haberse distraído, han resucitado con dos leyes que sitúan las necesidades de España en el punto de mira.
La primera es el Real Decreto por el que el gobierno popular, en solitario, ha regulado el proceso administrativo mediante el cual, el coste de escolarizar en castellano se les detraerá a las CC AA que incumplan la libertad de idioma, del derecho a recibir la enseñanza en español. Es decir, si anteriormente una familia quería escolarizar a su hijo en español en Cataluña, lo normal era que no tuviera más opción que abonarlo de su bolsillo directamente, aparte impuestos. Ahora ese coste lo asumirá el Estado restándolo de la asignación que tenía esa comunidad autónoma. De esta forma, no solo se protege la libertad, también se custodia el erario público y lo que las CC AA hacen con él.
Aunque estoy convencido de que ya hay alguna mente lúcida, de esas que siempre acompañan a las desgracias de Ceuta, que está pensando en algo similar para el dariya y así, de paso, colocar a algún primo suyo experto en la materia. Obviaré las comparaciones de español en España, frente a dariya en España.
La segunda ley es sobre seguridad ciudadana, en la que por fin se ha puesto cierto coto al poder omnímodo del Estado y de algunos de sus parásitos, los sindicatos.
Una ley que inicialmente se mostraba más intransigente y al final ha contado con aportaciones del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el CGPJ, el Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam…
La ley tiene mucho de bueno, partes de inmovilidad respecto a la anterior de 1992, y partes negativas como la retención máxima de 6 horas, elemento a medio camino entre la libertad y la detención, o la penalización del uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, normas que no deberían existir en una democracia
Lejos de toda palabrería y demagogia de quienes, ni aun siendo su deber la han ojeado, esta nueva ley trae un balance muy positivo a una sociedad que desea vivir en libertad con seguridad. Bienvenida al siglo XXI.
