El titular de
Medio Ambiente del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha aseverado este miércoles
en la Asamblea en su contestación a una interpelación del
Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta que la
subrogación directa y en bloque de las
Brigadas Verdes en la nueva sociedad municipal que se prevé crear para la gestión directa de la limpieza pública “no es viable”. Se hará, en todo caso, de manera gradual y parcial. El también portavoz gubernamental ha opinado que tanto legal como presupuestariamente es imposible integrar de golpe y en cojunto a sus más de 120 trabajadores en la misma empresa pública en la que entrarán los más de 500 procedentes de Trace, como se han comprometido a apoyar el
PSOE, Vox y
Ceuta Ya! “Las Brigadas dependen actualmente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) a través de una subvención nominativa que se concede anualmente y pretendemos buscar una solución muy específica para dar estabilidad al 100% de sus 124 trabajadores”, ha avanzado Ramírez.
Mientras la Ciudad intenta concretar y depurar las labores que realizan las Brigadas y quiénes trabajan realmente o no y en qué, la hoja de ruta a medio plazo pasa por la integración en la gestión directa de la limpieza pública solamente de quienes hacen de verdad trabajos asimilables. La memoria que apuesta por la municipalización del servicio prevé contar personal de las Brigadas, Tragsa u Obimace para que de forma “complementaria” multiplique por cinco los servicios actuales de recogida de enseres, duplique los baldeos manuales y mecánicos en las barriadas y mejore la limpieza de las playas. La líder del MDyC, Fatima Hamed, ha reconocido que la situación de las Brigadas Verdes daría para “un monográfico” en el Pleno tras “muchos años” trabajando para la FPAV “con muchas dificultades en su desempeño diario porque no cuentan con el material necesario para su tajo por falta de pintura, cubas de recogida de residuos, etcétera”.
“No tienen ni el vestuario preciso”, ha añadido antes de referirse a los conflictos acumulados también durante los últimos años para cobrar las nóminas a tiempo. A todo ello se suma su “malestar” con la gestión de la Federación de Vecinos (de la que los trabajadores eligieron seguir dependiendo en referéndum), que recibe más de tres millones de euros al año para su mantenimiento a través de un convenio. Hamed ha adelantado que su partido revisará los argumentos que esgriman los técnicos sobre la subrogación de ese personal y que permanecerá atento a la salida que dé la administración al proyecto que gestiona la FPAV.