La contienda entre la Delegación del Gobierno y dos de los polígonos del Tarajal por el establecimiento de un plan de seguridad en sus recintos podría tener los días contados. La reunión que mantuvieron esta semana sus presidentes con la titular del Gobierno de la plaza de los Reyes, Salvadora Mateos, ha permitido que ambas partes hayan acercado posturas en este asunto.
La propuesta que está sobre la mesa supone que el proyecto de seguridad se tendría que implantar en todos los polígonos, es decir, no valdría con hacerlo simplemente en Alborán o La Chimenea. Según pudo conocer este periódico, Yusef Abdeselam y Mohamed Ahmed consideran que se podría hacer, pero son partidarios de que sea en los cuatro polígonos.
La ronda de contactos que llevó, por separado, a cada representante de las comunidades de propietarios ante la Delegación del Gobierno, consistió en una puesta en común de propuestas, con aceptación por ambas partes, que abordaron de manera conjunta y donde los presidentes comprobaron la voluntad de Mateos y su gabinete por ayudar. Por su parte, los empresarios de Alborán y La Chimenea están dispuestos a contribuir y sumar para que la contratación del plan de seguridad, un asunto enquistado desde hace años, se solucione de forma definitiva.
Una actitud que, según fuentes de la negociación, ambos polígonos la hacen extensible a la cooperación con el resto de autoridades, como es el caso de la Ciudad Autónoma, y en cualquier materia que sea necesaria.
El método de financiación de la seguridad sería a través de un pago aún por definir. No obstante, su intención es abaratar el ‘peaje’, en base al proyecto planteado para todas las naves. Tampoco estaría en una zona pública como ocurre en la actualidad con el ‘Tarajal II’, sino que se acomodaría dentro de los polígonos. La recaudación se destinaría a sufragar la seguridad y, una vez satisfecho su coste, el resto se invertiría en introducir mejoras tanto en los polígonos como en los colindantes.
Todo apunta a que la Fase I también estaría de acuerdo con implementar un plan de seguridad.
La Fase II fue el único polígono en cumplir con las indicaciones de la Delegación del Gobierno acerca de la obligatoriedad de contar con un plan de seguridad y, hacia finales de 2017, gravar con una tasa el tránsito de mercancía a Marruecos que cruza su recinto. Por su parte, Alborán y La Chimenea siempre se opusieron a la directriz del Gobierno hasta el punto de que llegaron a los tribunales, bajo la advertencia de que se enfrentaban a cuantiosas sanciones por desatender su solicitud.
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