‘Al Idrissi’ cede sus aulas a DIGMUN para las clases del proyecto ‘Integra2’

El Centro Cultural ha sido el único que ha respondido a la petición de ayuda de la asociación para mantener la atención a 30 menores a los que no se escolariza.

El presidente del Centro Cultural Al-Idrissi, Abdelkader Chaib, y su homóloga de la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (DIGMUN), Maribel Lorente, suscribieron ayer en sede del primero, en Hadu, el convenio de colaboración en virtud del cual las dependencias (aulas, espacios comunes, biblioteca...) del Centro Cultural quedarán a disposición de DIGMUN en horario matutino a partir de la próxima semana para dar continuidad al proyecto ‘Integra2’, que con financiación de la Fundación catalana Educo permite dar clase de lunes a viernes a los aproximadamente 30 menores que, a pesar de vivir en la ciudad, no son escolarizados en los colegios e institutos por la Administración.
El Centro Cultural Al Idrissi ha sido la única entidad pública o privada que ha respondido a la campaña que, a finales del curso pasado, lanzó DIGMUN para sacar sus aulas del local de la Estación de Ferrocarril en las que, en condiciones muy precarias, a veces incluso sin suministros básicos, ha sostenido el proyecto socioeducativo hasta ahora.
En declaraciones a los medios, Lorente recordó que la Fundación Educo aporta fondos que cubren el pago a los monitores que atienden a los menores. Los materiales y libros necesarios se consiguen gracias a las donaciones de particulares, colectivos, centros educativos, etcétera.
“Agradecemos enormemente la colaboración de ‘Al Idrissi’ para contar con unas instalaciones en condiciones como estas”, apuntó la presidenta de DIGMUN, “pero lamentamos que tenga que ser una entidad privada sin ánimo de lucro la que atienda la cobertura de un trabajo que suple el papel de garantizar el derecho a la Educación que corresponde a la Ciudad y al Ministerio”.
Lorente deseó que los 30 niños (hay otros diez en lista de espera) pasen “poco tiempo” en las aulas del Centro Cultural porque sean escolarizados en pocas semanas pero incidió en la necesidad de que las Administraciones, “mientras se resuelve si a un niño se le escolariza o no”, cubran sus necesidades “demostrando que en esta ciudad no existen menores de primera, segunda o tercera categoría”.

Un Centro Cultural con las puertas abiertas
La coordinadora del Centro Cultural Al Idrissi, Mariam Mohamed, fue la encargada de recordar ayer ante los medios que el convenio firmado con DIGMUN se enmarca dentro de la doble línea de trabajo que mantiene la institución privada. Por un lado, hacia el “desarrollo integral” de su propio alumnado; por otro, poniendo en valor las culturas de Ceuta, sobre todo la musulmana. ‘Al Idrissi’ facilita el uso de sus instalaciones a distintos proyectos de carácter socioeducativo como el que lleva cerca de diez años desarrollando DIGMUN para atender a los menores residentes en la ciudad pero no escolarizados.

“Un mes” para intentar resolver la escolarización de 30 menores.

La respuesta negativa dada por la Administración a los recursos de alzada formulados por DIGMUN sobre la no escolarización de más de veinte de los menores residentes en la ciudad pero no empadronados a los que ha venido dando clase de lunes a viernes en la Estación de Ferrocarril y, a partir de ahora, en Hadu, deja el asunto en las puertas de la vía judicial.
La Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños se ha puesto en contacto con la oenegé Andalucía Acoge para recurrir a la Justicia si el Ministerio y la Ciudad Autónoma no resuelven en el plazo de “un mes” el círculo vicioso burocrático que impide el acceso de los menores a los colegios e institutos en los que solamente se ha admitido a tres, con un caso todavía pendiente en el IES Abyla.
El Ministerio no admite los informes de residencia elaborados por una trabajadora social de DIGMUN y Cruz Blanca, por lo que la carga de la prueba de que efectivamente viven en Ceuta (la asociación no acepta en el proyecto a niños que no lo hagan) recae sobre la Ciudad, que aparentemente tiene dos vías para certificarlo. Una es la del empadronamiento, que durante los últimos días parece volver a ser la más viable a ojos del Gobierno de Ceuta. La otra, que técnicos municipales constaten que los niños viven de forma permanente en la ciudad. CCOO ya ha puesto el tema en conocimiento de la Fiscalía.