Al Ambar pide legalidad

Son muchos los casos de personas que no pueden regularizar su situación por no tener escrituras de sus casas. Pagan el Catastro, pero no cuentan “cuando es necesario”

“Según las circunstancias urbanísticas de la zona, el Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta en base a que la propiedad del suelo en la barriada en su mayoría es municipal o del Ramo de Defensa, así como que las viviendas no están legalizadas, es imposible técnicamente y urbanísticamente emitir informe favorablesobre la vivienda”.
Con estas palabras, reflejadas en un documento remitido por el área de Vivienda, desde la Asociación Al Ambar quiere denunciar que “la administración se ‘lava las manos’ en un problema que consideramos grave y que afecta a mucha gente”. Insisten en que se debe solucionar y para eso, debe llevarse a cabo el Plan de legalización de Viviendas que se anunció a bombo y platillo hace ya 15 años. “Entonces nos prometieron que iban a mover papeles y llevar a cabo una base de datos para comenzar a regularizar las viviendas porque estar en esta situación no es normal”, explican desde Al Ambar su presidenta, Habiba y el portavoz, Ahmed. Aquello quedó en el olvido, mientras que cada día los vecinos siguen pagando un catastro en el que sus casas no figuran inscritas. “No hay por donde cogerlo”, lamentan agradeciendo siempre la ayuda que les dispensan desde Extranjería “que nos entienden pero sin esta serie de permisos no pueden certificar las residencias”. Piden a la Administración Local agilidad y que “por favor, trabajen de verdad en este problema en el que realmente se están vulnerando los derechos humanos”. Y ponen ejemplos. Una viuda cuyo marido ha cotizado 45 años y que no puede renovar la residencia por no tener informe técnico favorable de su casa o un padre de familia que se ha tenido que cambiar de vivienda porque le obligaban a tener una habitación por cada hijo. “¿Quién establece esa normativa?”, se preguntan desde Al Ambar que “es muy complicado si tienes cinco hijos tener una casa con cinco habitaciones”.
No lo entienden y por eso piden explicaciones a los responsables. “Necesitamos saber de una vez los requisitos generales porque creemos que en Ceuta se aplican unos distintos que complican mucho más la situación para regularizar a estas personas, por ejemplo, que tienen hijos españoles y que según la nueva ley de Extranjería tendrían más facilidades y obtendrían la residencia”. Pues de momento no es así. “Nos encontramos trabas y más trabas”, denuncian poniendo voz a decenas de personas que están viviendo realmente en situaciones “lamentables” porque “no se consigue un papel que de pronto solicitan o porque no llega en el plazo estipulado y se pierde antigüedad de residencia o por lo de las reglas injustas que aún no entendemos”. Al Ambar sigue luchando. Piden a la Ciudad que cumpla con la puesta en marcha de un listado regularizado de viviendas porque “pagamos el Catastro. Para eso sí contamos, pero no cuando es necesario contar”.

Su marido cotizó pero ella se queda sin derechos

Naziha Iallouchen se quedó viuda hace casi tres años. Aunque es de Alhucemas, conoció a su marido en Tánger hace ya tiempo. Él trabajaba en Zaragoza, donde estuvo cotizando durante más de 45 años. Se casaron, y fueron juntos a vivir a la península, hasta que él se puso enfermo y regresó a Ceuta, su ciudad natal, falleciendo poco después. La dejó sola con una hija recién nacida que ahora tiene dos años y con la que puede verse en la calle ante los problemas burocráticas y las trabas que la Administración está poniendo para su renovación de la residencia, que caducó el día 24 tras haber pedido su renovación el pasado mes de febrero que se tramitó su papeleo en Extranjería. “Faltaba un papel: el informe técnico de su vivienda, que tardaron en darle más de dos meses y encima rechazándolo sin ni siquiera visitar la vivienda”. Denuncia que ni siquiera se presentó el técnico a evaluar la vivienda y se le remitió desfavorable y tarde. Tanto, que su residencia al caducarse, ahora se cuenta desde cero. Mientras, ni la niña ni ella tienen derecho a servicios sanitarios, sociales o incluso educativos. “Y he perdido la pensión después de que mi marido cotizara más de 40 años. ¿Ahora de qué vivo? ¿Cómo saco adelante a mi hija?”.