Proponen ajustar la cuantía de las multas de tráfico a la renta del infractor

El grupo parlamentario Sumar ha llevado al Congreso una Proposición de Ley para reformar el sistema sancionador de tráfico en España, una medida que, de aprobarse, tendría impacto en todo el territorio nacional, incluidas ciudades como Ceuta.

La iniciativa plantea que las multas se ajusten a la capacidad económica del infractor, de modo que quienes tengan mayores ingresos paguen sanciones más elevadas, mientras que las personas con menores recursos puedan ver reducida la cuantía a abonar.

Sumar argumenta que, actualmente, el pago de una multa de tráfico de 100 euros no supone el mismo impacto para una persona con ingresos elevados que para otra que perciba el salario mínimo. Con este sistema progresivo, se busca garantizar que las sanciones tengan el mismo efecto disuasorio para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta.

Aumento de multas para rentas altas

La propuesta de Sumar modifica el artículo 81 de la Ley de Tráfico para introducir una escala de aumentos en las sanciones según el nivel de ingresos del infractor. En concreto, se plantea que las multas se incrementen de la siguiente manera:

• Un 150% para aquellas personas con ingresos brutos anuales entre 70.000 y 85.000 euros.
• Un 300% si los ingresos se sitúan entre 85.000 y 100.000 euros.
• Un 500% para quienes perciban más de 100.000 euros al año.

Según la exposición de motivos de la iniciativa, este ajuste pretende corregir una desigualdad en el actual sistema sancionador, en el que las multas tienen un mayor impacto en las economías con menos recursos, mientras que pueden ser una cantidad insignificante para quienes tienen altos ingresos.

Ajustar las cuantías para rentas bajas

El texto también contempla la posibilidad de reducir las sanciones para quienes tengan menos ingresos, aplicando el mismo principio de progresividad:

• Un 30% de reducción para personas con ingresos de hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
• Un 15% de reducción para quienes perciban entre 1,5 y 2,5 veces el SMI.

De este modo, se intenta garantizar que las sanciones sean proporcionales a la capacidad económica de cada infractor y evitar que una multa de tráfico pueda suponer un problema grave para personas con recursos limitados.

Un modelo basado en experiencias internacionales

Sumar defiende que este modelo ya se aplica en diversos países europeos, como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza o Reino Unido, donde las sanciones de tráfico tienen en cuenta la renta del infractor. En estos países, el objetivo es evitar que quienes tienen un alto poder adquisitivo puedan permitirse incumplir las normas sin que la sanción suponga un verdadero castigo.

Desde Sumar subrayan que el principio de proporcionalidad en las sanciones es fundamental para garantizar el respeto a la normativa de tráfico. En su propuesta, recuerdan que, en ocasiones, se han visto casos en los que personas con altos ingresos han cometido infracciones de forma reiterada sin que las sanciones hayan supuesto un freno real a su comportamiento.

Un informe sobre la aplicación del modelo en otros ámbitos

Además del ajuste en las sanciones de tráfico, la Proposición de Ley incorpora una disposición adicional que habilita al Gobierno para elaborar un informe en un plazo de seis meses sobre la viabilidad de aplicar la progresividad de las multas en otros ámbitos sancionadores.

Esto abre la puerta a que el criterio de ajuste por renta pueda extenderse a otros tipos de sanciones administrativas, más allá de las relacionadas con la seguridad vial.

El régimen sancionador actual en España

En la actualidad, las multas de tráfico en España se establecen en función de la gravedad de la infracción:

• 100 euros para faltas leves.
• 200 euros para faltas graves.
• Hasta 500 euros para infracciones muy graves (en algunos casos, la cuantía puede ser mayor).

El importe de la multa puede aumentar dependiendo de la gravedad y las consecuencias de la infracción, pero hasta ahora no se ha tenido en cuenta la capacidad económica del infractor.

Objetivo: mayor equidad y seguridad vial

Sumar insiste en que este cambio normativo no solo busca garantizar una mayor equidad en el sistema sancionador, sino también reforzar la seguridad vial. Según su propuesta, al hacer que las sanciones sean efectivamente disuasorias para todas las personas, independientemente de su renta, se contribuiría a reducir el número de infracciones en las carreteras y mejorar la seguridad de conductores y peatones.

Con esta iniciativa, el grupo parlamentario abre el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones en España y plantea la posibilidad de introducir cambios que ya están vigentes en otros países europeos. Ahora, la Proposición de Ley deberá seguir su curso en el Congreso, donde se debatirá y votará su posible aprobación.