¿Y ahora qué tiene que hacer la Guardia Civil?

• Sindicatos, oenegés y partidos reclaman que cesen las devoluciones, piden un giro radical

El contenido de la sentencia de la Corte generó un auténtico revuelo. Lo hizo a nivel nacional, entre sindicatos, partidos políticos, entidades de peso como la del Defensor del Pueblo... pero ninguna reacción oficial pudo escucharse en Ceuta, ni por parte de la Delegación ni por parte de la Ciudad, a pesar de ser, junto a Melilla, la zona de principal repercusión de esta medida.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, coincidió ayer con el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en cuanto a condenar a España por la devolución de dos inmigrantes en la valla de Melilla sin ser identificados.

Esta institución “ha reiterado en numerosas ocasiones desde 2005 su posición contraria a las devoluciones automáticas de extranjeros, conocidas como ‘devoluciones en caliente”, explicó Fernández Marugán en un comunicado.

También recordó que en 2015 formuló recomendaciones a las administraciones competentes para que la figura del rechazo en frontera que establecía la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana respetara la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la normativa internacional.

Recomendó entonces que siempre que se produzca un rechazo en frontera se dicte una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se puedan interponer contra ella. Algo que nunca se ha llevado a cabo en nuestra ciudad.

En dicho procedimiento, el extranjero deberá recibir información sobre protección internacional y se verificará la posibilidad de acogerse a ella, que no es menor de edad o posible víctima de trata de seres humanos. “Estas recomendaciones fueron rechazadas”, lamentó.

Para el Defensor del Pueblo es “urgente la modificación de los criterios de actuación de los agentes encargados del control de fronteras a fin de que entreguen a las personas que detecten intentando acceder irregularmente a territorio nacional a la Policía Nacional”.

Después, los agentes deben realizar los trámites establecidos por la normativa de extranjería e informar a los interesados sobre la posibilidad de solicitar protección internacional, según Fernández Marugán.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española ha aplaudido la condena del TEDH y ha recordado que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada.

De ahí que haya exigido al Gobierno que cese “inmediatamente estas prácticas” porque además la ausencia de procedimientos individuales impide identificar situaciones de vulnerabilidad, como menores, víctimas de trata o solicitantes de protección internacional.

Es decir, toda la forma de operar que actualmente está en vigor en el vallado queda en el aire. ¿Cómo deben actuar a partir de ahora las fuerzas de seguridad destinadas en la valla? La sentencia no es firme y a eso, de momento, se aferra España pero sí supone el primer jarro de agua fría sobre unas prácticas puestas en entredicho.

CCOO ha celebrado la condena que califica de “muy importante porque condena al Estado español por vulnerar derechos humanos, en concreto el artículo 4 que prohíbe expulsiones colectivas, y el artículo 13 que establece el derecho a recurrir y el acceso a los tribunales”.

El sindicato exige al Gobierno que cese inmediatamente estas prácticas, que han sido insistentemente denunciadas por la sociedad civil española: “No todo vale en la gestión de los flujos migratorios y en un Estado democrático no cabe la vulneración de los derechos humanos. El inaceptable intento del Gobierno del PP de legalizar dicha práctica mediante su introducción como una mera disposición adicional en la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, y estableciendo en la práctica un régimen de excepción para Ceuta y Melilla, demuestra un vergonzante intento de normalizar lo inaceptable”, añadió el sindicato.

En la Benemérita, preparada ahora para la celebración de la Patrona, hay incertidumbre. De hecho su actuación queda en un limbo. Si no ahora, en cuanto el fallo sea firme, tarde el tiempo que tarde.

En clave política, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha instado al comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, a obligar al Estado español “a poner fin a las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla” para cumplir con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) de la Unión Europea, que acaba de condenar al Gobierno por incumplir la Convención Europea de Derechos Humanos.

“Son una práctica inhumana e ilegal que se aplica de forma sistemática” en la frontera Sur, y esta sentencia confirma que “España viola los derechos humanos, así como la legislación europea”.

“Esperamos que Avramopoulos traslade la exigencia de inmediato a las autoridades españolas para poner fin a las devoluciones en caliente”, ha dicho después de haber reenviado por correo electrónico al comisario la sentencia del TEDH.

Albiol ve en la sentencia “una muy buena noticia” que confirma “lo que desde las organizaciones llevan años denunciando: que vulnera la Convención de Ginebra y la Convención europea de derechos humanos”.

La portavoz de IU ha insistido en que “las devoluciones en caliente son un práctica sistemática en las vallas de Ceuta y Melilla” y que “en muchas ocasiones van acompañadas de episodios de violencia contra las personas migrantes o refugiadas que intentan saltar, tanto por parte de la Guardia Civil como de las Fuerzas auxiliares marroquíes”.

En este sentido, cree que “al Gobierno y al Ministerio de Interior se le acaban las excusas para seguir manteniendo estas políticas”, pero “en cualquier caso, tampoco hay que olvidar que la UE las ha permitido porque no son sino una herramienta más al servicio de la Europa fortaleza”.

Las oenegés también han celebrado la noticia. CEAR aclara que la sentencia evidencia la ilegalidad de estas prácticas a las que se pretendió dar cobertura legal a través de la Ley de Seguridad Ciudadana que debería ser inmediatamente reformada. Andalucía Acoge ve confirmada sus denuncias sobre las “violaciones de derechos en la Frontera Sur”.