El teléfono de Rachid Mohamed Hannu no para de sonar. Este letrado del despacho Lazaar Abogados ha anunciado que elevará a los tribunales el cierre de cuentas corrientes y el rechazo sistemático a billetes “grandes” que sufren los comerciantes de Melilla y Ceuta, y son numerosos los empresarios de la ciudad hermana que ya se han puesto en contacto con él. En conversación con este periódico, Mohamed confía en que los comerciantes ceutíes hagan lo propio, con el objetivo de intentar aclarar una situación cuyo origen parece remontarse a una investigación a una sucursal del BBVA en la ciudad. Una investigación penal en la que él ha defendido a muchos de los implicados. Mohamed, de hecho, cuenta con dos informes periciales de la entidad bancaria en los que se ponen de manifiesto las singularidades de la economía en las ciudades autónomas, dado su comercio con Marruecos, y lo habitual de las transacciones en efectivo con facturas debidamente cumplimentadas. Para Rachid, la “gran pregunta” es la que todo el mundo se hace: ¿por qué ocurre esto? “A nosotros nos corresponde agotar primero la vía amistosa, la administrativa, y en su caso, solicitar a los tribunales que opngan una solución, sobre todo por los perjuicios ocasionados a los comerciantes”. El despacho Lazaar, con oficinas en Melilla, Marbella y Madrid, también apunta en la dirección de que estos bloqueos podrían deberse a alguna medida contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, también abunda en que desde las entidades no se aclara el origen de esta contundente práctica que están sufriendo varios empresarios de ambas ciudades sobre los que no pesa ninguna sospecha. Además del cierre indiscriminado de cuentas bancarias, y la expulsión de clientes de ciertas entidades, los bancos dificultan el ingreso de dinero en caja con billetes superiores a los 100 euros. Para este despacho se trata de una medida cuestionable. “No solo no es legal que un banco no acepte la moneda de curso legal sino que no es ni tan siquiera lógico; el Banco de España se ha pronunciado y los bancos tienen obligación de aceptar esos billetes”. Para Rachid Mohamed, el blanqueo se previene “bancarizando la actividad comercial o empresarial”, y no “contribuyendo a generar un mercado en el que se opere en metálico, que ese sí es más propenso a ilícitos, infracciones y delitos fiscales”. El letrado asegura que los bancos deberán responder por los perjuicios ocasionados.
Cada caso será atendido “uno a uno” por sus singularidades
El despacho ha descartado la opción de iniciar una causa conjunta porque cada empresario tiene un producto bancario distinto contratado, un vínculo contractual con singularidades distintas al del otro, lo que hace imposible plantear una solución igual para todos. También ha detallado que los cierres de cuentas nunca pueden ser justificados porque se han producido de forma unilateral y sin comunicaciones de las entidades, si bien asume que en función de la fórmula mayoritaria de ingresos, cada empresario podrá defender mejor la transparencia de sus cuentas. “Hay quienes tienen documentada su actividad, otros que solo trabajan en efectivo por las transacciones con los ciudadanos marroquíes, y otros que presentan una actividad mixta. Dependiendo de la situación dependerá el éxito de cada reclamación”. Aunque de momento solo cuenta con clientes de Melilla, confía en que los empresarios ceutíes también eleven este caso a los tribunales. Conocedor de la moción que irá al Congreso de los Diputados sobre el tema, Rachid apunta que la actividad política suele ser lenta y en ocasiones quedar en nada, por eso insiste en recomendar a los afectados que acudan a la vía jurídica porque si se quieren soluciones particulares “cada uno tendrá que poner su demanda”.