“Cortar un servicio público a los ciudadanos porque los conductores de autobuses son sancionados por llevar a pasajeros sentados entre el salpicadero, el torno y la puerta nos parece una irresponsabilidad, una falta de respeto imperdonable”. Quien habla es la Asociación Española de la Guardia Civil -AEGC-, sorprendida no solo por el hecho de que se eligiera
la suspensión de las líneas como medida de plante ante las sanciones de la Benemérita sino también por la mediación hecha por la propia Ciudad ante un hecho vinculado única y exclusivamente a la imposición de
multas por infracciones.
“Los responsables de esta decisión carecen de razón y esta es la principal premisa para defenderse. Los ciudadanos están indignados”, añade la asociación. “Pensamos que los conductores lo tienen fácil: no tienen que permitir que los usuarios se alojen en ese espacio y hasta que no dejen el lugar, que no comiencen la marcha. Protestan por unas sanciones, pero ¿qué harían si una persona que ocupa ese lugar sufriera un accidente grave?, ¿quién sería el responsable? El conductor, no la empresa”, replica la asociación en declaraciones a este periódico.
La Asociación pide que se abra una investigación interna por el paro de líneas
“Desconocemos por qué se sienten acosados por los guardias civiles que hacen su función para proteger la seguridad de los usuarios, con lo fácil que es acabar con este delirante acoso. Simplemente no permitir a los usuarios que se coloquen en ese espacio prohibido”, puntualiza.
La Asociación Española de la Guardia Civil advierte de que no va a permitir que se denuncie la existencia de persecuciones y acosos cometidos por agentes porque “son inexistentes” y se trata de críticas “infundadas”. “Iremos donde sea y contra las personas que tengamos que ir, porque somos guardias civiles y no podemos perseguir caprichosamente a nadie y, mucho menos, acosar a nadie porque estaríamos cometiendo un delito. El Comité de
Empresa debería valorar esto, porque los guardias civiles no están solos y no vamos a permitir denuncias, imputaciones ni injurias infundadas y, mucho menos, vamos a dejar de denunciar si observamos una infracción de esa gravedad por muchos servicios que retiren”, exponen en respuesta a la decisión adoptada el viernes de retirar los servicios en algunas de las líneas tras la denuncia interpuesta por un agente a un conductor, argumentando en la misma que había pasajeros que iban incluso en el salpicadero del vehículo.
“Pueden tener las reuniones que quieran con Fomento, Tráfico o
Guardia Civil, pero la resolución que se tome la vamos a valorar y responderemos donde debemos hacerlo. Valoraremos si son ajustadas a derecho, que no pongan la seguridad de los ciudadanos en peligro y actuaremos como corresponde en derecho. Está claro que en España, y Ceuta es España, los usuarios no pueden ir alojados en ese espacio y, por tanto, si los guardias civiles observan la infracción deben denunciar, lo contrario sería dejación de funciones por parte de los compañeros. Desconocemos si los conductores están siendo obligados a trabajar así y, por tanto, como trabajadores nos ponemos en su lugar, pero el Comité de Empresa debe ir contra los que obligan a los conductores a hacer su trabajo en esas condiciones -si así fuese- no contra los guardias civiles que realizan su trabajo con corrección y pulcritud”. La Asociación reclama además a la Ciudad Autónoma que abra de oficio una investigación interna que aclare si ha sido legal la medida adoptada de paralización de los servicios “porque como ciudadanos también nos vemos perjudicados. La Ciudad Autónoma no puede dejar sin sancionar una decisión de este tipo, porque retirar un servicio público, dejar a los ciudadanos sin transporte para reivindicar que los guardias civiles hagan la vista gorda y no denuncien las infracciones que observan, es una aberración democrática que no puede permitirse”, sentencia, aclarando que, desde AEGC, “estaremos vigilantes para que no suceda”, reseña.