El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró ayer a Vivas en Madrid, donde le recibió personalmente por segunda vez en apenas cuatro meses, un hecho sin precedentes, que la decisión de poner en marcha una aduana comercial en la frontera del Tarajal es “firme”, “irreversible” y coherente con las conclusiones adoptadas por España y Marruecos en abril del año pasado, cuando abrieron una nueva etapa en sus relaciones, y en la Reunión de Alto Nivel del 1 y 2 de febrero.
Es comprensible que las autoridades de ambos países quieran trazar una hoja de ruta “ordenada” y “progresiva” para la entrada en funcionamiento de la aduana, pero el Gobierno central no debe dar alas a quienes auguran que no será posible cubriendo el proceso de un velo de falta de transparencia. Urge, sabiendo que las prisas no son buenas consejeras, especialmente en asuntos del calado político y diplomático de este asunto, que la Ciudad Autónoma, los agentes socioeconómicos locales y el conjunto de la ciudadanía sepan el calendario y los pasos que se barajan partiendo de un hecho incuestionable: las buenas relaciones entre España y Marruecos basadas en el respeto y la cooperación benefician a todos, pero sobre todo a regiones como Ceuta, Melilla y Canarias.
El Gobierno de España también debería dar señales de actividad en relación con otras aspiraciones de Ceuta como el establecimiento permanente de la exigencia de visado en la frontera, la posibilidad de que la ciudad se incorpore a la Unión Aduanera europea o que tenga un asiento en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, temas que no pueden ser objeto de atención una vez cada diez años.
