La
Biblioteca Pública Adolfo Suárez de Ceuta acogerá mañana la presentación de un
libro. Esta obra es del autor Adolfo Hernández Lafuente, bajo el título ‘El largo camino hacia
la autonomía. La adecuación de las ciudades de Ceuta y Melilla a la organización del Estado Autonómico’. En esta presentación, además del autor, estarán presentes Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y
Melilla y José Antonio Alarcón, director del Instituto de Estudios Ceutíes (
IEC). Hernández Lafuente es reconocido como
uno de los padres del Estatuto de Autonomía de Ceuta. El doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, miembro del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, presenta mañana una obra que surge desde el observatorio de Ceuta y Melilla, que depende del Instituto de Seguridad y Cultura, con el objetivo de poner el foco en los problemas que afectan a las ciudades autónomas y que las distintas administraciones no solucionan, creándose un vacío legal, que solo pasa en estos casos singulares. El autor explica que para la redacción de su último trabajo se ha llevado a cabo un análisis de cómo estaba aplicándose el estatuto de ambas ciudades, un diagnóstico de situación, que es la primera vez que se realiza en estos 28 años con este régimen de autogobierno.
“Se trata de buscar soluciones concretas para problemas que solamente se han ido goteando”, detalla Hernández, quien critica a las administraciones públicas, por no hacerlo ni promoverlo: “Ese trasfondo que hubo al principio fue beligerante, no era técnico, sino de equiparación, con el resto de comunidades autónomas de España”. El doctor indica que era un problema que afectaba a la seguridad internacional y que el estatuto de 1995 generó frustración entre la ciudadanía, porque no fue igual que el de otras regiones españolas, sino que fue adaptado a las propias ciudades autónomas. “Este problema es muy singular, una rareza y tenemos que estudiar qué pasa, por qué juntar en un mismo ente del Ayuntamiento, que presta los servicios esenciales básicos para que la vida urbana se pueda llevar a cabo, y la Comunidad Autónoma, que pretende el beneficio futuro y plantear soluciones a los problemas para que la región funcione, a través de políticas públicas que hay que regular, mediante normas para que sean iguales con otro sistema de funcionamiento”, enuncia Hernández. Asimismo, señala que la comunidad hace una política que puede ser privativa del propio conjunto de esa población. “Esa conjunción había que estudiarla, había que hacer un diagnóstico sobre cómo ha funcionado, si se produce esa conjunción, qué problemas ocurren, qué discriminaciones se dan, qué pasa con las materias que no son competentes a ningún nivel administrativo, en resumen, un análisis técnico de efecto sobre la población”, puntualiza el autor. Por su parte, manifiesta que ambas ciudades tienen casos diferentes en los que hay qué estudiar qué efectos producen: “Las ciudades tenían que haberse propuesto comisiones de estudio, debates de la situación y ver cuáles materias están discriminando a la población”. Además, matiza que el tratamiento de cómo se reforman las normas para que se adecuen a los objetivos marcados en un sistema democrático es fundamental. “La revisión de las normas es algo clave”.
“Hay que hablar con análisis, diagnóstico y posible solución, además de fomentar el debate y la ciudadanía se preocupe. Por qué hay problemas y no se intenta la solución por otras vías o no se ha reflexionado para ver si se tiene la capacidad necesaria para resolver todo lo dispuesto en las competencias administrativas o no tienen los medios o los recursos económicos. Estudiar en qué se tiene que mejorar”, remarca. Por otra parte, declara que existen muchos problemas que pueden derivar de las carencias o de quienes gestionan las materias. La salud y la educación son los ámbitos más importantes que regulan las Comunidades Autónomas. Ceuta tiene competencia en sanidad, pero no en asistencia sanitaria y eso se distingue mediante aspectos materiales. Cada uno tiene sus objetivos y retribuciones para resolverse. “El Estado gestiona la asistencia de los hospitales. Esto es un claro ejemplo en el que pueden verse discriminados. Las pruebas son evidentes, en los ranking los ‘farolillos de cola’ y con muchos problemas son Ceuta y Melilla. Algo paradójico cuando lo que tendría que hacer es una política de referencia y, sin embargo, es el ejemplo en sentido negativo. Aquí la delegación del Gobierno no está para rendir cuentas para este asunto”, aclara el autor. Es por esto, que se da la peculiaridad ya que según analiza Hernández en otras regiones tienen controlado a quien tiene la competencia para rendir cuentas en estos ámbitos cuando hay problemas, mientras que en las ciudades autónomas no existe un poder que los llame a declarar, ni aclarar por qué hacen ciertos aspectos, es decir, hacen lo que quieren. “Hasta los cambios en Educación se deciden en Madrid, ya sean las listas de nombramientos, situación de profesores. Aquí, solo lo saben los profesionales, pero sus órdenes vienen de Madrid, en consecuencia el efecto es negativo”, expone. Al respecto de la educación, hace énfasis en su finalidad integradora, puesto que en Ceuta conviven alumnos de distintas culturas o idiomas que lastran el sistema. “No hay un control de la política. Hay que reflexionar porque todo el trabajo de las administraciones en la ciudad es una labor sustitutoria. Esto tiene una relevancia, porque al Estado en medida que no se le reclama, no reacciona ante un problema”, concluye.