El Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta acordó la incoación de diligencias previas por un presunto delito de estafa citando a declarar en calidad de investigado al representante legal de la empresa Hércules, F.J.M.S. En el auto judicial se recoge que los hechos denunciados “hacen presumir la posible existencia” de dicho delito.
El administrador de Hércules, empresa con la que el Ayuntamiento cerró varios contratos de limpieza de instalaciones públicas que han terminado con polémica por la falta de cobros, acudió a los juzgados para tomársele declaración en calidad de investigado acogiéndose a su derecho a no declarar con lo que no se conocen los argumentos que podría ofrecer en su defensa ni las explicaciones ante la denuncia presentada.
La misma va contra el representante legal de Hércules y la propia entidad por una estafa de 50.000 euros sufrida por una empresaria de nuestra ciudad. Tal y como consta en la denuncia que ha dado origen a este asunto ya investigado por la Justicia, el denunciado, conociendo precisamente ese carácter emprendedor de la afectada, le propuso la firma de un contrato de cesión de unos terrenos en el puerto para montar en ellos un negocio dedicado al lavado de vehículos.
En dicha propuesta F.J.M.S. se presentó como titular de una concesión administrativa sobre una parcela ubicada en el entorno de la estación marítima para instalar allí el lavadero. Dicha propuesta la habría formulado prevaliéndose de su condición de administrador único de la empresa Hércules.
El precio de esa operación se cifró en 50.000 euros, fijándose la manera en que se llevarían a cabo los distintos pagos. Así se suscribió un contrato de cesión de uso de terrenos, edificaciones y actividad, estableciéndose por escrito cómo se llevarían a cabo los diferentes pagos. Aquel precontrato se fraguó en junio de 2021.
El problema vino cuando, pasado el tiempo y casi un año y medio después de que se suscribiera ese documento, la denunciante se dirigió a través de su representación letrada a la Autoridad Portuaria para constatar si realmente la mercantil denunciada era la titular de una concesión administrativa sobre esa parcela.
El Puerto aclaró que la mercantil ni es titular ni nunca lo había sido. Al no existir la adjudicación concesional consultada no existía publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto carecía de autorización o legitimación por parte del Puerto para contratar con terceros los servicios de lavadero de vehículos como así lo había propuesto.
Los hechos fueron denunciados en el juzgado por la comisión de un presunto delito de estafa y ahora se está en fase de investigación, determinándose las circunstancias en que se produjeron estos hechos así como quiénes han sido partícipes de los mismos. La empresa Hércules Servicios Generales Integración arrastra un rosario de polémicas con la Ciudad Autónoma por los impagos a trabajadores.
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