Seis meses de prisión es la pena a la que se enfrentan M.M.C. e I.L. acusados de un delito de estafa que se produjo en noviembre de 2016 cuando, supuestamente, consiguieron los datos de una tarjeta de crédito de una persona y realizaron unas compras por internet: por un lado un billete de avión en easyJet, por valor de 83,93 euros y, por otro, una compre en Worten, que se elevaba a 432,94. En su defensa M.M.C. alegó que regentaba un locutorio en Bilbao, lugar desde el que se había producido la estafa, ya que las investigaciones policiales habían llevado a la IP de un ordenador de dicho local.
Los acusados se enfrentan a una pena de seis meses de privación de libertad
Aseguró que, por ley, no está autorizada a conocer lo que el usuario realiza una vez alquila el ordenador. Por su parte, I.L. también negó su implicación en los hechos, al estar acusado de ser el titular del teléfono móvil que se inscribió en la página de estas empresas en el momento de hacer la compra. Por su parte, el perjudicado que fue citado como testigo en la vista oral que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 señaló que no le habían robado la tarjeta y que su entidad bancaria ya le había devuelto la cantidad que le había sido sustraída. También testificó en la vista oral el policía nacional encargado de la investigación. En su testimonio aseguró que, si bien easyJet comunicó el número del teléfono asociado a la compra, en ningún momento se puede conocer quién es la persona que ha acometido dicho delito. Fue uno de los argumentos esgrimidos por la Defensa de los acusados, al aseverar que no era posible identificar al autor de los hechos, ya que cualquiera que acceda al locutorio para alquilar un ordenador durante cierto tiempo, puede ser el responsable de estos hechos.