El magistrado titular de la plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio seguido contra M.R.M.C., acusado de un delito contra la salud pública por el supuesto envío de dos paquetes que ocultaban un total de 20 kilogramos de hachís con destino a la Península.
La Fiscalía mantiene su petición de tres años y medio de prisión, mientras que la defensa reclama la libre absolución.
La vista ha girado en torno al papel desempeñado por el acusado en el envío de dos paquetes con hachís a través del servicio de Correos.
Según la acusación, figuraba como remitente y destinatario de los envíos, en cuyo interior fueron hallados once fardos de hachís ocultos entre ropa y enseres domésticos.
Durante la vista oral, el acusado negó conocer el contenido de las cajas y aseguró que únicamente prestó un servicio de transporte contratado por un cliente al que conoció a través de Facebook y por teléfono.
En su declaración, M.R.M.C. explicó que trabaja como autónomo realizando portes y mudanzas y que fue contactado por un hombre que se encontraba realizando una mudanza. Según relató, el cliente le entregó los paquetes ya cerrados para que los enviara desde Ceuta a Algeciras. Habría sido un cabeza de turco en toda esta historia.
El acusado sostuvo que no preparó los paquetes ni comprobó su contenido porque, según afirmó, respeta la privacidad de sus clientes y no puede abrir los bultos que transporta. Añadió que en el exterior figuraba que contenían ropa y menaje.
Asimismo, reconoció haberse identificado como remitente y destinatario del envío, aunque aseguró que lo hizo únicamente para facilitar la operación, ya que el supuesto propietario de los paquetes, de nacionalidad marroquí, no podía figurar como destinatario.
Explicó que incluso firmó una autorización para que esa persona pudiera recoger la mercancía en Algeciras.
El acusado insistió en que desconocía por completo que en el interior de las cajas hubiera hachís y defendió que nunca habría facilitado su documentación de haber conocido el contenido de los envíos.
Durante su declaración aseguró que, cuando los paquetes no llegaron a destino, fue él mismo quien presentó una reclamación ante Correos tras recibir la llamada del supuesto cliente preguntando por el envío. A su juicio, ese comportamiento demuestra que ignoraba que transportaba estupefacientes.
También manifestó que, tras su detención, pidió a su esposa que intentara localizar telefónicamente al hombre que le había encargado el porte, aunque el teléfono ya aparecía apagado.
Los agentes de la Guardia Civil explicaron que tuvieron conocimiento de la existencia de los paquetes tras el aviso recibido por parte del personal de seguridad de Correos y de los integrantes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF).
Según declararon, tras volver a pasar las cajas por el escáner observaron indicios compatibles con la presencia de sustancias estupefacientes, hachís, motivo por el que activaron el protocolo correspondiente y ordenaron inmovilizar los envíos.
Los investigadores destacaron que tanto el remitente como el destinatario eran la misma persona, el acusado, circunstancia que, según indicaron, resultó especialmente relevante para la investigación.
Los agentes manifestaron que las cajas fueron abiertas en presencia del acusado y que este firmó el acta correspondiente acreditando que la apertura se había realizado delante de él.
En el interior localizaron 20 paquetes de hachís, 11 en una de las cajas y 9 en la otra, ocultos entre prendas de ropa y diversos objetos de menaje. El peso total de la droga alcanzaba los 20.600 gramos.
Uno de los guardias civiles aseguró además que el procesado permaneció tranquilo durante toda la actuación y que no mostró ninguna reacción al descubrirse la droga, una actitud que, a su juicio, no consideró habitual en una situación de esas características.
Otro de los agentes, perteneciente a la UDAIFF, explicó que fue el vigilante de seguridad de Correos quien alertó de la existencia de cuerpos extraños en los paquetes tras observar las imágenes del escáner.
Tras comprobar personalmente el contenido de las imágenes, activó el protocolo previsto para este tipo de actuaciones, momento en el que la investigación pasó a manos de los agentes encargados del operativo.
Concluida la práctica de la prueba, la representante del Ministerio Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones y mantuvo la petición de tres años y medio de prisión para el acusado como presunto autor de un delito contra la salud pública.
Además de una multa de 280.000 euros con 180 días de prisión en caso de impago.
La defensa, por su parte, solicitó la libre absolución al considerar que no ha quedado acreditado que su cliente conociera que los paquetes ocultaban hachís.
El magistrado dejó el caso visto para sentencia.
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