Una acusación popular pide que el Gobierno central responda por las devoluciones

El secretario general de una de las dos acusaciones populares personadas en la causa penal por la devolución desde Ceuta a Marruecos de 55 niños migrantes solos en agosto del año pasado, la Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, ha lamentado este miércoles tras escuchar la declaración como investigada de Mabel Deu que esta no haya contestado a sus preguntas y ha insistido en que el Gobierno central debe responder directamente por su actuación, sin limitar la posible responsabilidad judicial a la consejera y la delegada, que “dicen que todo lo decidió Madrid”.

Según su relato de lo acontecido ante la juez, la vicepresidenta ha repetido básicamente su declaración ante la Fiscalía de diciembre, pero ha arremetido contra el Ministerio Público. “Ahora intentan hacer pasar por reagrupaciones lo que todos vimos y oímos”, ha criticado Escudero, que ha desvelado que en su testifical Deu “ha ratificado lo que dijo ante la Fiscalía, que afirma que poco menos que la coaccionó”.

“No se siguió el procedimiento para determinar la vulnerabilidad de los menores y ninguna oenegé puede sustituir las competencias de un funcionario público”, ha advertido en declaraciones a los medios a su salida del Juzgado, donde ha adelantado que pedirá que sean citados como testigos los contactos de cuatro ministerios y una vicepresidencia del Gobierno central con los que la consejera de Presidencia pactó el procedimiento a seguir para ejecutar las expulsiones al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería.

“Dado que la vicepresidenta ha puesto a disposición de la jueza su Whatsapp y ha aludido a cuatro ministerios y la Vicepresidencia que ocupaba Carmen Calvo, pediremos que se cite como testigos a todos los mencionados por Deu, así como sus conversaciones con esos contactos, a los que también señaló la delegada del Gobierno en diciembre”, ha avanzado excluyendo solo expresamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Red ha querido poner el foco también sobre las organizaciones no gubernamentales que cooperaron o fueron contratadas por la Ciudad para atender la emergencia generada con más de mil niños foráneos sin compañía bajo su responsabilidad. “Ahora lo que interesa, dado que se ha señalado que esas entidades hacían informes, que vengan aquí Cruz Roja, Save The Children u otras tutelares para ver qué hicieron”, ha indicado Escudero.

“También nos interesa saber en qué se gastó más de un millón de euros en emergencia y cómo se conjugan fotos de niños durmiendo en estanterías de metal con esa inversión”, ha apuntado el representante de esta acusación popular, que no entiende que SAMU pueda cobrar menos por menor y día cuando tiene más chicos recibiendo atención integral.

“La competencia en materia de Infancia es exclusiva de la Ciudad y no se puede derivar a nadie la responsabilidad, pero la de la deportación es del Gobierno de España, que intenta señalar a la delegada como si pudiera activar tratados internacionales ella sola”, ha resumido Escudero, que ha tildado de “cobarde” el escrito sin firma con el que Interior “rogó” iniciar los llamados “retornos asistidos”.