La acusación popular actuará contra "al menos cuatro ministerios" por las "deportaciones" de niños marroquíes desde Ceuta

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha asegurado este miércoles que va a centrar su acción judicial penal en exigir responsabilidades a los responsables de los “al menos cuatro ministerios que conocieron y gestionaron con Marruecos las deportaciones” de 55 menores extranjeros no acompañados desde Ceuta al país vecino en agosto del año pasado.

La entidad ya se ha personado para ejercer la acusación popular en el caso que por presunta prevaricación continuada ha abierto el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la consejera de Presidencia del Ejecutivo de la ciudad, Mabel Deu.

El secretario general de la entidad, Rafael Escudero, ha recordado en rueda de prensa que la Red ya intentó el año pasado llevar a la Audiencia Nacional las expulsiones por la vía contencioso-administrativa, cauce por el que la Delegación del Gobierno ha sido condenada tanto en primera como en segunda instancia a expensas del fallo del Supremo sobre el recurso que ha presentado.

Escudero ha lamentado que la administración autonómica no contase con sus medios para atender a los niños marroquíes que llegaron sin compañía a la ciudad durante la crisis migratoria de mayo, unos 1.500, y ha repasado las declaraciones de las investigadas a la Fiscalía, ante la que insistieron en que su actuación con el respaldo del Ministerio del Interior pretendió dar respuesta a la situación “excepcional” generada en Ceuta.

Un conjunto de excusas porque “no querían a los menores en España”

“Lo que vemos en el sumario son un conjunto de excusas para justificar en más de 280 folios que no querían a los menores en España y los tenían que expulsar, la retórica de Donald Trump, lo que nos genera una hondísima preocupación”, ha apuntado.

“Solo con sus testificales queda claro que el Gobierno de España sabía, conocía e impulsaba la actuación de deportación, algo que ha negado el ministro [del Interior], el secretario de Estado [de Seguridad] y la Abogacía del Estado”, ha alertado el representante de la oenegé, que considera que “querer hacer creer que todo lo hizo la delegada es tomarnos por tontos”.

Escudero también ha cuestionado la actuación de emergencia de la Ciudad Autónoma y los contratos formalizados con distintas empresas como la Fundación SAMU o Engloba para acoger a los alrededor de mil menores que acogió en distintos equipamientos acondicionados con ese fin por un gasto “desorbitado” mensual de “1,8 millones de euros”, a pesar de lo cual se les dio “una atención deficitaria”.

La Red ha considerado “tan importante” como las testificales de las dos políticas citadas el 7 de septiembre como investigadas la que prestará como testigo la jefa del Área de Menores de la Ciudad, Antonia Palomo, que advirtió tanto por escrito como verbalmente que el procedimiento elegido para retornar menores a Marruecos no era acorde ni con la legislación española ni con las convenciones internacionales.

Escudero ha adelantado que también solicitará que sean citados como testigos los representantes de los distintos ministerios que, como Interior, Justicia o Presidencia, estuvieron en contacto con la delegada del Gobierno en Ceuta hasta que comenzaron las expulsiones el 13 de agosto de 2021 a razón de 15 menores al día hasta que, el 16, fueron suspendidas cautelarmente por la Justicia.