Una de las acusaciones populares personadas en la causa que se instruye contra
la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta del Ejecutivo de Ceuta, Mabel Deu, por la expulsión hace ahora justamente dos años al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería de 55 niños migrantes solos marroquíes sigue creyendo que la exigencia de responsabilidades penales por aquella actuación puede ir más lejos de las dos procesadas y alcanzar a integrantes del Gobierno central.frontera
La Red ha recurrido en apelación ante la
Audiencia Provincial el último auto de la magistrada que instruye la causa por un presunto delito de prevaricación continuada, con el que
rechazó su petición de llamar a declarar como testigo a Isabel Valldecabres, ahora directora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y entonces directora de Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno central, Carmen Calvo.
Valldecabres fue, según se puede constatar en las conversaciones de Whatsapp con representantes del Ejecutivo de la Nación aportadas por Deu a la causa, el principal contacto de la exconsejera de Presidencia en la Administración General del Estado para proceder a la repatriación exprés de niños llegados a la ciudad durante la crisis migratoria de mayo de 2021.
En su intercambio de mensajes con Deu, la jefa de Gabinete de Calvo reconocía que la Fiscalía estaba “poniendo problemas” a la
devolución acelerada de menores que se barajaba y asumía que “hemos de inventarnos el procedimiento”.
La instructora cree que si el Estado hizo gestiones estas no eximían cumplir la Ley
“Si solicitáis la devolución ya podemos doblarle la mano a Fiscalía”, llegó a instar Valldecabres, que advirtió a la representante del Ejecutivo local que “lo que en modo alguno vemos aquí es un envío de menores a la península porque eso quita presión a Marruecos y entra en confrontación con la línea de política internacional que llevamos desde el Gobierno de España y el Parlamento europeo”.
La Red ha pedido en varias ocasiones, siempre sin éxito, que se llame a declarar a Valldecabres, como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, para aclarar las “gestiones diplomáticas o administrativas” que hizo el Ejecutivo de la Nación para facilitar la expulsión.
La instructora siempre ha respondido que, aunque las hubiese habido, “no empecen ni sustituyen” a los trámites previstos en el Reglamento de la Ley de Extranjería que se saltaron Deu y Mateos, por lo que la Fiscalía pide para ellas 12 años de inhabilitación para cargo público y la pérdida de “los honores asociados” al ejercicio de las responsabilidades que han desempeñado.
El Ministerio Público tampoco ha extendido nunca a estamentos superiores la investigación penal porque, entre otros detalles, cuando Interior “rogó” iniciar la deportación de menores apelando a un Acuerdo Bilateral entre Madrid y Rabat de 2007 lo hizo exigiendo “respetar en todo momento” los “intereses y derechos” de los niños que permanecían en la ciudad acogidos.
“Hemos de inventarnos el procedimiento”, llegó a escribir Valldecabres a Deu
“El retorno de los menores a Marruecos se realizará siempre”, puntualizó la Secretaría de Estado de Seguridad, “buscando garantizar y respetar sus derechos e intereses, y tras haber efectuado un análisis exhaustivo de sus circunstancias personales, asegurando que en ningún caso será devuelto a Marruecos ningún menor vulnerable o con circunstancias personales o familiares que lo desaconsejen”.
Sin embargo, según la jueza instructora, Mateos obró “prescindiendo a sabiendas total y absolutamente del procedimiento establecido y aprovechando de la disponibilidad que las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir a los menores”, por lo que “decidió repatriar por la vía de hecho a los que habían entrado en mayo y aún permanecían en Ceuta”. Por ello se la considera autora material de un presunto delito de prevaricación y a Deu, cooperadora necesaria.
Ambas están a las puertas de juicio oral esperando que la Audiencia resuelva sobre sus recursos contra su procesamiento.