Visto para sentencia quedó el juicio celebrado en la mañana de este martes en la Sala VI de la Audiencia provincial de Cádiz en Ceuta por un presunto delito de apropiación indebida. Estos hechos sentaron en el banquillo a T.C., uno de los dos socios que conformaron la Sociedad Civil La Vaquita, la cual se disolvió y derivó en una denuncia posterior del segundo socio, J.A.M., quien le reclama que se apropió de manera ilícita de cerca de 180.000 euros del dinero de la caja que se efectuaba en este negocio.
Tal y como se detalló en la vista oral que contó con el testimonio de nueve testigos más la versión del propio acusado, se concluyó que en 2010, tanto el denunciante como el acusado conformaron la Sociedad Civil La Vaquita para llevar a cabo las actividades propias de un supermercado. En aquel momento, según confirmó el mismo acusado y la gestoría que asesoraba a la empresa, se firmó un escrito en el cual los beneficios se repartirían en un 51% para J.A.M. y un 49% para T.C., documento que dos años después se modificó para ir a partes iguales.
Junto con la constitución de la sociedad se abrió una cuenta mancomunada, desde la que se pagarían posteriormente las nóminas a los empleados, así como el gasto corriente del local y el pago a proveedores, así como la recepción de los cobros llevados a cabo con tarjeta.
Según el acusado, desde que comenzó a funcionar el supermercado hasta abril de 2012, desconocía la contabilidad que se llevaba y asegura que “no he cobrado jamás ningún beneficio”.
Esta disputa sobre la contabilidad de la empresa llevó a que en abril de 2012 los dos socios, según se declaró el acusado en el juicio, decidieran hacer una separación verbal del negocio, quedando éste al cargo, únicamente, de la carnicería y J.A.M. del resto del supermercado. En esta situación que no se formalizó por escrito, se acordó, según el acusado y como apostillaron posteriormente varios empleados, que T.C. recibiría cada día el dinero hecho en caja por la carnicería y que de este dinero, él asumiría el pago de los otros dos carniceros y la mitad del sueldo de la cajera.
La versión de la acusación dista de ésta, asegurando que desde abril de 2012 el acusado “no daba cuenta ni hacía liquidación alguna de las cajas en metálico que el mismo llevaba” hasta el 5 de enero de 2013, cuando éste terminó por dejar el negocio, acusándole de que se había estado apropiando del dinero de la caja para posteriormente montar su propia carnicería.
Este señalamiento fue negado por el acusado, quien reiteró que se había llegado a una acuerdo entre los socios y que él se desentendería de la cuenta mancomunada para sólo percibir el dinero en metálico, con el que pagaría tanto a empleados como a proveedores, defendiendo que su nuevo negocio lo montó gracias a préstamos personales de sus allegados y pagando mediante pagarés, insistiendo en que el dinero que recibía de caja ni siquiera era la ganancia entera de la carnicería, recriminando que siempre faltaba dinero.
Los trabajadores que testificaron confirmaron que existió esa separación verbal desde abril de 2012, aunque no se aportó prueba escrita para demostrarlo ni se formalizó ante órganos oficiales. Mientras que la Fiscalía pide la absolución del acusado, la acusación particular solicita seis años de cárcel y una multa de 3.650 euros, además de la liquidación de la deuda, tasada en cerca de 100.000 euros. Tras la exposición de todas las pruebas y testificales, el juicio quedó visto para sentencia.