La Comunidad de Propietarios de los Polígonos del Tarajal decidió ayer, en asamblea y por la práctica unanimidad de los reunidos, el conjunto de acciones que emprenderán por la situación de caos, desorden e inestabilidad en el paso fronterizo que, recordaron, afecta a sus establecimientos y a la economía de la ciudad. Los dueños y arrendatarios de las naves decidieron ayer el cierre de sus negocios de forma “total, indefinida o intermitente” y sin fecha establecida, es decir, “por sorpresa” con el fin de que su protesta resulte eficiente.
Unos “paros” que, avanzaron los presidentes de los polígonos que presidieron el encuentro, se mantendrán mientras continúen sin recibir respuesta a sus reivindicaciones por parte de las administraciones. Asimismo, barajan la posibilidad de negarse a desembolsar el IPSI y depositarlo en una cuenta notarial a la que la Ciudad Autónoma no tenga acceso.
Una “concentración” en el acceso a Marruecos desde Ceuta o una “manifestación hasta la Delegación del Gobierno” son otras de las medidas que, en el local social de la entidad y junto a la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), se pactaron ayer por la inmensa mayoría de los comerciantes que asistieron.
Los participantes también acordaron el nombramiento de los tres empresarios que componen el comité encargado de organizar las movilizaciones, un grupo que diseñará la línea que seguirá el conjunto de los comerciantes. En el encuentro se comentaron informaciones publicadas por El Faro como los disparos de dos atracadores en el fin de semana; el secuestro exprés de hace unos días y las advertencias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Los portavoces de los cuatro polígonos describieron la situación que cada mañana experimentan como “estado de sitio”, por el amplio despliegue de la Policía Nacional que, criticaron, impide a empresarios, trabajadores y clientes entrar a sus establecimientos con libertad de circulación e incluso les piden una acreditación en la Zona 1 y 2, “donde más sufrimos el bloqueo de los agentes y nadie puede entrar a comprar”.
“Están quemando el comercio local”, apuntó Mohamed Ahmmed, portavoz de los cuatro polígonos, antes de comenzar la asamblea. “No todo el mundo que desarrolla una actividad económica en los polígonos puede llamarse comerciante, porque hay quienes se benefician de la situación sin declarar toda la mercancía ni personal en nómina”, protestó Achraf Benaisa, presidente de Alborán.
En el transcurso de la asamblea, Ramesh Chandiramani, presidente de La Chimenea, trasladó a propietarios, arrendatarios y empleados las medidas que Francisco Antonio González, delegado del Gobierno, les anunció en la reunión del pasado día 10. En un primer momento atendieron las medidas, con reservas, sin embargo, el devenir de los días siguientes llevó a los comerciantes a valorar las acciones que se decidieron ayer.
Chandiramani anunció que se negará a asistir a otra reunión hasta que no haya soluciones y destacó que la situación es “aún más insostenible si cabe porque ya le quitan hasta dos mantas a una mujer”, postura compartida por el resto.
Los comerciantes recibieron el apoyo de Radio Taxi y a la empresa de Autobuses Hadú Almadrada en todas aquellas movilizaciones que pacten. La Asociación de Transportistas también secundó las propuestas de los empresarios. En cuanto al Centro Comercial Abierto (CCA), su presidente, Ernesto Valero, ya manifestó a la Ciudad Autónoma su preocupación por la repercusión del caos fronterizo en los negocios de esta zona.
Acusan a Delegación de “mentir” sobre la mercancía en vehículos
Rafael Montero Ávalos, presidente de la CECE, comunicó ayer que Marruecos dio el visto bueno a los carteles con las medidas trasladadas por Delegación y que su entidad se comprometió a difundir entre los comerciantes. Sin embargo, en consonancia con los comerciantes del Tarajal, lanzó una crítica compartida con los empresarios presentes: “la Delegación miente”. El portavoz de la patronal sostiene que Francisco Antonio González les aseguró que llevar mercancía en coche por el Tarajal estaba permitido y, sin embargo, están recibiendo actas de la Guardia Civil por el decomiso de productos además de multas de tráfico a los mismos conductores. Montero Ávalos mostró varios documentos con los que respaldó sus declaraciones. También criticó que Delegación incumpliera su palabra sobre la eliminación de los plantos o colaboradores marroquíes del Cuerpo Nacional de Policía.