Acuerdo judicial entre las partes para aclarar la muerte de una mujer y su bebé

El juzgado de lo Penal número 1 echará hoy el cierre al llamado ‘caso Rosillo’ en el que falleció una embarazada y, días después, ya en el Hospital Puerta del Mar, su bebé, que había nacido por cesárea urgente de forma prematura tras ocho meses de gestación.

Tres médicos están acusados tanto por el Ministerio Fiscal como por la Acusación Particular de dos delitos de homicidio por imprudencia; calificación que ha sido finalmente modificada por acuerdo entre las partes para transformar dichos delitos en una falta por imprudencia profesional. La conformidad fijada a tres bandas, Acusación Particular y Fiscalía, Defensas y compañías aseguradoras, evitará la celebración de la vista judicial que se había previsto para finales de este mes.
El fallecimiento de Pilar Rosillo se produjo en noviembre de 2008, después de que, embarazada de ocho meses, acudiera en varias ocasiones al Hospital de la Cruz Roja por problemas cardiacos. Se le tuvo que practicar una cesárea de urgencia, naciendo un bebé de ocho meses de gestación que tuvo que ser evacuado a Cádiz con problemas cerebrales derivados de la atención médica dada a la madre. Pasado casi un mes fallecería en el Hospital Puerta del Mar.
Después de distintas fases judiciales superadas, cuatro años después se acuerda la resolución de dicho caso, lo que evita, ante una supuesta condena de la magistrada juez del Juzgado de lo Penal, la entrada en prisión para los acusados, acordándose una indemnización por la falta de imprudencia profesional de los imputados.
Tras varias negociaciones de las partes se ha acordado para hoy el culmen del acuerdo, que deberá, salvo cambios de última hora, ser firmado ante la magistrada.
Las diligencias previas han sido instruidas por el juzgado número 3, cuyo magistrado, tras la toma de declaración a varios profesionales sanitarios, mantuvo la imputación a tres de ellos por el delito de homicidio por imprudencia modificado, ahora, a una falta por imprudencia.
Las peticiones iniciales mantenidas por Ministerio Fiscal y Acusación Particular se reducían a dos años de cárcel e inhabilitación por cuatro años para el ejercicio de la profesión por cada uno de los fallecimientos. Se entiende que la responsabilidad civil recae sobre Ingesa, respaldada por las aseguradoras Zurich y Ama.

Cuatro años de pelea judicial

El caso del fallecimiento de la paciente Pilar Rosillo, que tenía 37 años y estaba embarazada en el octavo mes de gestación, saltó a los medios ya que además de su muerte también se produciría, poco después y ya en Cádiz, el fallecimiento de su bebé. La familia denunció desde el principio un caso de negligencia médica en la atención que se le dispensó debido a que días antes del ingreso definitivo, Rosillo había acudido en varias ocasiones a Urgencias por problemas cardiacos. Finalmente moriría tras un infarto, debiendo practicársele una cesárea urgente. Rosillo ingresaría a las diez de la mañana para morir horas después, ordenándose la evacuación del bebé, con daños cerebrales, esa misma tarde.