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El ansiado auxilio judicial

Por Carmen Echarri
28/09/2017 - 06:58
El desalojo de okupas, una medida que puede llevarse a cabo previa identificación. Ben Zakour
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  • En la historia reciente, la ocupación de Huerta Téllez ha batido todos los récord

  • Solo hay precedentes de asaltos a un bloque concreto; la tarea para recuperar las casas es compleja

Hay pocos antecedentes de ocupaciones masivas que se recuerden en los juzgados. Quizás antes de la de Huerta Téllez aparece, por su envergadura, la de un bloque entero de viviendas ubicado en Alfau. Para sus dueños resultó una auténtica pesadilla culminar con aquel desalojo; al final lo lograron, obtuvieron la respuesta judicial esperada y recuperaron su edificio que, de inmediato, tapiaron. Lo más complicado para llegar a la resolución de lo que terminó siendo un auténtico conflicto fue la identificación de todas las personas que estaban allí. Esa es, sin duda, la clave de los procesos de ocupación: que se pueda presentar denuncia contra personas a las que previamente la Policía ha conseguido identificar.
Esto es algo que en el caso de Huerta Téllez, que ha batido un récord en los casos de usurpación de bienes inmuebles, se ha hecho a medias. El lunes la Policía identificó solo a algunas familias, después se marchó del lugar mientras las mazas seguían destrozando puertas y decenas de personas ocupaban trasteros y comenzaban a saquear el interior de las casas. Aquí ya no se está hablando solo de un delito de usurpación sino también de robos y hurtos.
“En este caso puede ser un delito por cada vivienda y, por tanto, haber tantos procedimientos como casas ocupadas”, expone una fuente judicial a este medio. También puede caber que la Policía pueda demostrar lo que se sabe en la calle: que la ocupación fue gestada previamente y preparada a través de mensajes. Fue de todo menos casual. “En ese caso puede acreditarse algún acuerdo previo o que haya una persona que los haya inducido a la ocupación”, añade, así que la incriminación de ese responsable o responsables puede ser mayor.
Como medidas cautelares el Juzgado puede pedir que los okupas sean desalojados. Y aquí ya hay precedentes: sentencias del Juzgado de lo Penal en las que se ha ordenado a la Policía el desalojo de aquellos que habían usurpado viviendas, siendo procesos más cortos de lo esperado.
De momento el procedimiento judicial se ha iniciado al constar una denuncia, por lo que ahora se pondrá en marcha una maquinaria judicial para evitar que la historia favorezca a los ‘okupas’, quienes ya aventuraban que de allí no se les echaría en 5 años.

Se ordena el corte de electricidad para evitar enganches

La Ciudad ordenó ayer el corte de la electricidad de las farolas interiores de Huerta Téllez. Por ello, la empresa encargada del mantenimiento de la red de alumbrado público tuvo que acudir a este lugar escoltada por la Policía Local y procedió a cortar el suministro eléctrico de estas farolas.
El motivo de esta decisión es evitar enganches de luz ilegales, algo que ya se había producido, y garantizar también la seguridad de las personas que lo intenten. Algunos de los okupas quisieron evitar el corte pero esta medida se pudo llevar a cabo sin incidentes y la Policía Local no tuvo que intervenir. Lo que sí tienen es agua que han tomado para varios edificios, según varios vecinos cercanos indicaron a este periódico. Al interior de las viviendas han desplazado ya colchones y enseres con una finalidad, que judicialmente esa ocupación sea considerada ya una morada.

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