Hace escasamente un mes que la consejera de Sanidad, Adela Nieto, avanzaba que a final de este año se dispondría ya del mapa del ruido. La asociación contra el ruido, ASCORCE, ha perdido la cuenta de en cuántas ocasiones se ha prometido dicho mapa para regular un asunto que ha llevado, de nuevo, a que Ceuta siga siendo considerada la ciudad más ruidosa. Falta una regulación, pero faltan también medios. La Policía Local sigue careciendo del sonómetro con capacidad de sanción, el de tipo A1, con lo que se ve incapacitada para trasladar al juzgado expedientes que puedan derivar en una multa. La del ruido termina siendo la asignatura pendiente en una ciudad en la que la contaminación acústica es más que evidente. Durante años lo ha sido en la plaza Ricardo Muñoz, en donde se concentran decenas de denuncias de sus vecinos por los elevados niveles de ruido. Una sentencia del Contencioso Administrativo, ya firme, dictada hace unos meses obligaba a la Ciudad a retirar la licencia de pub a uno de los locales, al no haberse tenido en cuenta los efectos aditivos del ruido. Esta sentencia todavía no se ha ejecutado. La plaza, convertida en un pequeño Poblado Marinero ‘a lo bestia’, ha visto cómo en unos años se han ido instalando negocios con licencias para veladores o para pub, mientras se sucedían las denuncias.
Los resultados físicos y psíquicos producidos por el ruido han sido sangrantes: pérdida brutal de peso -en el caso de una vecina- o trastornos del carácter en varios de los residentes que les ha llevado a padecer bajas laborales. Pero no sólo la plaza Ricardo Muñoz tiene historias que ahora están judicializadas. En esta ocasión se ha llevado el protagonismo mediático después de que la asociación juristas contra el ruido haya orientado sus denuncias contra la administración.
Junto al Procedimiento Abreviado 914/2007 que da lugar a este causa, judicializada en el número 4 -juzgado caracterizado por su continuo bloqueo de casos y marcada ralentización en resolverlos debido a la acumulación de causas-, existen otros procedimientos de vecinos, dispersos en distintas barriadas de la ciudad, que han llevado a los tribunales a empresarios de diversa índole por la presunta comisión del mismo delito: contaminación acústica.
El Supremo ya ha dictado las primeras condenas firmes que se han traducido en prisión para aquellos que no han respetado los decibelios permitidos y han provocado, de manera continuada, daños en los denunciantes. Ya se van admitiendo como pruebas informes médicos que relacionan trastornos psíquicos e incluso infartos con los excesivos decibelios, lo que viene a hacer más fuertes las denuncias de asociaciones de lucha contra el ruido cada vez más presentes en las distintas ciudades. Hacer que los gobiernos aprueben legislaciones y hagan cumplir las ordenanzas es su objetivo.
